Tegucigalpa.- El Estado de Honduras aceptó en la última sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizada en este país, su responsabilidad internacional en el caso del crimen del ecologista Carlos Escaleras y anuncia la reparación a sus víctimas, así como la construcción de un monumento que simbolice que su muerte no quedará impune al reconocer también que continuará con las investigaciones de su crimen por ahora estancadas.
Carlos Escaleras fue un reconocido ecologista que activó en la zona de Tocoa, en el departamento de Colón. Fue asesinado hace 18 años, un 18 de octubre de 1997 por desconocidos mientras se disponía a ir a su negocio de lavado de carros en la ciudad de Tocoa. Su muerte ha permanecido impune.
Escaleras, al momento de su muerte, era el candidato a alcalde para la ciudad de Tocoa por el naciente partido de Unificación Democrática, UD, de izquierda. La impunidad en que se mantuvo su muerte llevó a los grupos humanitarios a elevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En julio de 2014, la CIDH estableció la responsabilidad del Estado de Honduras por la violación del derecho a la vida, a la libertad de asociación y a los derechos políticos en perjuicio de Carlos Escaleras; así como la violación de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de su madre, esposa, hijos y hermanos.
Investigaciones serán reanudadas
La CIDH recomendó al Estado reparar dichas violaciones de derechos humanos así como reivindicar la labor de Carlos Escaleras.
La muerte de Escaleras se produjo cuando el líder ambientalista se oponía a la construcción de proyectos ambientales que afectarían a la región del Bajo Aguán, en especial a cinco comunidades, así como a la decisión de un comandante militar de la época de quitarle el derecho al agua a los habitantes de Chapagua, Agua Amarilla, Aguán y otras comunidades de la región de Tocoa.
Carlos Escaleras decía que no se oponía al desarrollo ni a los proyectos ecológicos siempre y cuando reunierán los requisitos que impidieran la alteración del hábitat.
Por su crimen, solo una persona ha sido encarcelada desde el 2002 y en su testimonio implicó a políticos, empresarios y militares de la zona en el asesinato de Escaleras, pero un juez de la zona desestimó esos señalamientos y el caso quedó sin investigar.
Ello llevó al Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicaciones (ERIC-SJ) de la comunidad jesuita en Honduras a elevar el caso ante la CIDH, en donde el Estado al aceptar su responsabilidad en el 2014 se evitó el camino de la condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Los compromisos aceptados por el Estado de Honduras en el 2014, fueron ratificados a fines de agosto de 2015 cuando la Corte-IDH sesionó en Honduras y allí, frente a los abogados de Carlos Escaleras y sus familiares, las autoridades hondureñas se comprometieron a cumplir las recomendaciones de la CIDH para evitar un juicio y llegar a un arreglo amistoso sin que ello signifique renunciar a la investigación de los hechos para romper de una vez por todas la impunidad del caso.
Entre los compromisos ratificados por Honduras se encuentra, elaborar y difundir por cadena nacional de radio y televisión, un documental sobre la problemática ambiental en el país y la labor de Carlos Escaleras como activista.
Asimismo, el Estado cambiará el nombre del “Parque Nacional Montaña de Botaderos” por el de “Carlos Escaleras” y remodelará la Plaza del Centro de Tocoa la cual se llamará “Plaza Carlos Alfonso Escaleras Mejía”, debiendo colocar un busto en su honor. Ahí se hará un acto de reconocimiento internacional en donde el Estado participará con la presencia de las más altas autoridades en el homenaje a Escaleras y la aceptación de responsabilidad internacional en su asesinato.
El caso de Carlos Escaleras también será reanudado para proseguir con las investigaciones y aprobar, a su vez, un protocolo de investigación para los crímenes en contra de defensores de derechos humanos.
A revisión en 12 meses
Otros compromisos asumidos por el Estado durante las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos están relacionados con la elaboración de los reglamentos y protocolos de la recién aprobada Ley de Protección a Periodistas, Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores sociales y Operadores de justicia.
Recientemente, el coordinador de fiscales del Ministerio Público, Rolando Argueta, dijo que esa dependencia está revisando la situación de casos emblemáticos de derechos humanos ocurridos en décadas pasadas para valorar qué se puede hacer y hasta dónde es posible concluir o no una investigación, a fin de reanudarlos o de cerrarlos, según lo que arrojen las investigaciones.
En el caso de Carlos Escaleras, los compromisos asumidos por el Estado son considerados por los grupos humanitarios como un buen síntoma que evita que el Estado sea demandado y condenado por el crimen de otro ecologista, pues ya existe una condena internacional en el caso de Janeth Kawas.
En un año, el país será evaluado nuevamente para ver el estado de cumplimiento de los compromisos acordados y suscritos en agosto en Tegucigalpa y si hubiere algún incumplimiento, el caso de Carlos Escaleras será elevado entonces a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La lucha de Carlos Escaleras en materia ecológica reviste de importancia para los grupos ecologistas por los problemas ambientales que atraviesa el país y el avance de su caso es considerado como trascendental en cuanto a que la lucha contra la impunidad puede abrigar mayores esperanzas y garantías de continuar la labor a favor de la defensa de la naturaleza, indicaron varios líderes ecologistas al conocer los compromisos adoptados por Honduras.
Durante la instalación de las sesiones de la Corte-IDH, el gobierno hondureño ratificó su compromiso de respeto a los derechos humanos y de disponibilidad a un monitoreo internacional para verificar su cumplimiento con la instalación de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a fines de este año.
