Tegucigalpa – Hace menos de un mes -20 de noviembre- el presidente del Comité de Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, predijo que una matanza estaba a las puertas de la cárcel de máxima seguridad ubicada en Morocelí, El Paraíso, conocida como La Tolva.
– Al menos 17 asesinatos se registran en los módulos de alta seguridad.
– El 90 por ciento de los asesinatos ocurren en La Tolva. Suman 10 en dos años y medio.
Apenas 25 días pasaron y en esta cárcel del oriente del país se registró el deceso de cinco privados de libertad, los que fueron asesinados con arma de fuego.
#EncuestaPD ???? Que las Fuerzas Armadas asuman el control de las cárceles ¿es la mejor decisión tomando en cuenta la actual crisis en el sistema penitenciario hondureño?
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) December 17, 2019
Se trató de Erick Escoto Maldonado, José Dolores Ocampo, Óscar Alonso Madrid Montoya, Junior Antonio Alvarado Olivera y Walter Portillo Méndez, todos miembros de la pandilla MS-13.
A este oscuro panorama de las cárceles de alta seguridad, se suman crímenes sonados de internos, fugas, reyertas y situaciones que retratan la ingobernabilidad que se vive en los nuevos módulos.
Para el caso al menos cinco centros penitenciarios del país han sido escenarios, entre junio y diciembre de 2019, de varios hechos violentos que han dejado como saldo una veintena de muertos -incluyendo cuatro en centros de menores- y alrededor de medio centenar de heridos y lesionados.
Tras varios asesinatos de reos en La Tolva y El Pozo, el gobierno decidió intervenir ambos recintos , pero los hechos violentos no se detienen. Las responsabilidades tampoco llegan.
El dato oficial al 29 de octubre de 2019 del Instituto Nacional Penitenciario (INP), establece que del total de 21 mil 744 internos, 9 mil 198 reos ya están condenados, en tanto 11 mil 189 permanecen en condición de procesados.
La población penitenciaria femenina la componen 1 mil 192 -727 procesadas y 465 condenadas-.
Para el caso en Ilama, Santa Bárbara (El Pozo) hay 1 mil 592 reos, de los que 591 ya recibieron condena y 1 mil 001 están en proceso penal.
De su lado, la otra cárcel de máxima seguridad -la de Morocelí en El Paraíso (La Tolva)- aloja 1 mil 545 presidiarios, de los que 668 ya fueron condenados y 847 están en calidad de procesados.
A las puertas nueva masacre
En comunicación con Proceso Digital, el defensor de derechos humanos lamentó la estela de muertes que han ocurrido en las cárceles en los últimos días.
Mencionó que con las nuevas estructuras físicas (La Tolva, El Pozo y El Porvenir) se recuperó la gobernabilidad en el sistema penitenciario hondureño. “El problema es que nos duró poco tiempo”, dijo con fastidio.
Maldonado criticó que las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) no saben escuchar las voces de los familiares y allegados de los privados de libertad.
“Nosotros atendemos a las víctimas, escuchamos a los familiares de los privados de libertad y a los mismos internos, igualmente al personal del Instituto Nacional Penitenciario, y a partir de allí sacamos nuestras propias conclusiones”, dijo.
El titular del Codeh recordó que semanas antes del quíntuple crimen en La Tolva, él denunció que una matanza iba a ocurrir en ese centro carcelario.
Contó que desde que se produjo el crimen contra Marco Tulio Amador, colaborador del exalcalde de El Paraíso, Copán (Alexander Ardón), ocurrido el 25 de octubre en La Tolva, como organismo defensor de derechos humanos han analizado cada uno de los acontecimientos sumadas a las denuncias de familiares de reclusos.
Desmenuzó que primero fue el crimen en La Tolva, luego asesinan a Magdaleno Meza Fúnez y vienen estos últimos como el del jefe del presidio de El Pozo y ahora cinco más en Morocelí.
“Recién estuve en la cárcel de máxima seguridad de Támara y nos advirtieron que algo ocurrirá allí en cualquier momento”, alertó. En esta cárcel se albergan 6 mil 172 reos y es la mayor del país.
Subrayó que “no descartemos que ocurra algo en la cárcel de Támara y si no recordemos lo que pasó la semana anterior cuando se iban a trasladar varios reclusos. Ahí se armó una especie de amotinamiento y varios videos circularon sobre eso. Nosotros creímos que ese día se iba a dar algo fuerte en Támara, gracias a Dios no pasó a más”.
Continuó: “Si ese día esos tres mil internos se abalanzan sobre el edificio administrativo hubiera pasado la mayor matanza sin precedentes, aparte de ello se hubiera materializado una fuga masiva de privados de libertad”.
Hugo Maldonado reflexionó que existe una “mala política” del INP, quienes aún en el interior de los recintos carcelarios aplican medidas drásticas a los internos.
Puntualizó que se terminó el ciclo de la directora del INP, Rosa Gudiel, así como el segundo al mando, Germán McNiel. “No es posible que ellos sigan en sus cargos cuando estamos viendo muertos, heridos, sangre y dolor, en el interior de los centros penitenciarios”.
Concluyó que tanto Gudiel y McNiel deben ser procesados por la Fiscalía por su responsabilidad en el manejo de las cárceles hondureñas. “Se puede recuperar la gobernabilidad en las cárceles, pero que se retiren estos dos ciudadanos”.
Conaprev pide procesar a autoridades
En similares términos se manifestó el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), quienes demandaron la inmediata destitución y proceso penal para las máximas autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), luego del asesinato de los cinco reos en el interior de la cárcel de alta seguridad.
La comisionada de Conaprev, Glenda Carolina Ayala, exigió llegar hasta las últimas consecuencias para castigar a los responsables materiales e intelectuales del quíntuple crimen.
“La recomendación es: la destitución, un requerimiento para estas autoridades penitenciarias. El Mecanismo recomienda que se debe investigar todas las acciones u omisiones ocurridas en estos centros de privación de libertad y no solo deducir responsabilidades a los que ejecutaron el hecho materialmente, si no que si hubo colaboración de las autoridades también se deben deducir las responsabilidades”, dijo la funcionaria.
Remarcó que “el Estado está obligado a investigar con igual celo, no solo los que ejecutaron el hecho, sino a los que planificaron y cometieron acciones u omisiones que llevaron a estos resultados”.
“Queremos que la política penitenciaria sea incluyente y no excluyente. Que la sociedad civil sea veedora de los procesos que se están siguiendo y que de alguna manera se garantice la objetividad en la investigación. No se puede ser juez y parte en una investigación que se está realizando”, puntualizó Ayala.
Al clamor de entes nacionales se sumó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (OACNUDH), que instó al Estado hondureño a realizar investigación exhaustiva e independiente sobre los cinco reos muertos en la cárcel La Tolva.
El organismo señaló la urgencia de sancionar a los responsables individuales, estatales y reparación efectiva de las víctimas y sus familiares.
“El deber del Estado de proteger los derechos humanos de toda persona privada de libertad incluye la obligación de tomar las medidas para proteger la vida y la integridad personal”, posteó el organismo en su cuenta de Twitter.
OACNUDH se mostró preocupado que los privados de libertad fueron asesinados bajo custodia del Estado.
Las cárceles hondureñas han estado constantemente en la palestra. Al menos 538 reos murieron en tragedias ocurridas en 2003 en El Porvenir (Atlántida), en 2004 en Cortés, y en 2012 en Comayagua.
