Tegucigalpa- A criterio del miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, Omar Rivera solicitó a los candidatos presidenciales de todos los partidos políticos a suscribir un acuerdo de seguridad.
“Ya una vez finalizadas estas elecciones primarias e internas de los partidos políticos y antes de que inicie el proselitismo de frente a los comicios generales de noviembre, Luis Zelaya, Xiomara Castro, Juan Hernández y Salvador Nasralla, entre otros, deben -como lo dije hace unos días- tomar conciencia de la urgente necesidad de establecer diálogo, buscar consenso y tomar decisiones en torno a los enormes problemas en materia de seguridad y justicia que afectan a la población”, señaló.
Rivera, volvió a proponer que los candidatos presidenciales electos en las elecciones primarias de los partidos políticos suscriban un “gran acuerdo nacional por seguridad y justicia que permita evitar que la lucha en contra de la delincuencia, criminalidad, corrupción e impunidad sean politizados en el último semestre del año 2017”.
“Esta guerra que se emprende en contra de bandas del crimen organizado, carteles del narcotráfico, maras y pandillas, delincuencia común y redes corruptas, no debe estar supeditada al pugilato electoral, a la crispación interpartidaria y a los intereses de grupos que se disputan el poder de la nación; aquí un interés superior, se trata del interés superior de la población» señaló.
El dirigente de la sociedad civil planteó como temas esenciales a incorporar en una agenda común los vinculados a “la depuración, reforma y fortalecimiento de capacidades de la Policía Nacional, Ministerio Público (MP) y Poder Judicial; la ampliación y optimización de los servicios de seguridad y justicia en los municipios del interior del país; el mejoramiento del desempeño y la mayor articulación entre las diferentes unidades de inteligencia e investigación criminal; la despolitización de los procesos de contratación de funcionarios estatales; la reforma y recuperación de la gobernabilidad del sistema penitenciario; y la formulación e implementación de programas integrales de prevención de la violencia que atiendan las necesidades de grupos históricamente colocados en vulnerabilidad”.
