El funcionario señaló que las autoridades garantizarán que las condiciones de transporte sean adecuadas, “de manera que si un grupo de hondureños con intereses desconocidos afectan el accionar de la ciudadanía, se aplicarán las medidas ya contempladas en la Ley General del Transporte”.
Ramos explicó que la obstaculización del tránsito vehicular se castiga con la suspensión del permiso de explotación y hasta con la cancelación de los certificados de operación a unidades del transporte que violenten el derecho de otros.
Agregó que también se decomisarán las unidades que obstaculicen las vías en Honduras y las mismas serán trasladas a las instalaciones de la Dirección Nacional de tránsito.
Los taxistas han protagonizado varias protestas en el último mes en Tegucigalpa y otras partes del país exigiendo el pago del bono compensatorio por concepto de costos de operación, otorgado durante la administración del ex presidente Manuel Zelaya.
