Califican de lesa humanidad secretividad en compras de vacunas

Tegucigalpa – El reciente decreto aprobado por el Congreso Nacional que deriva en la secretividad por 10 años en torno a los contratos firmados por el gobierno y empresas proveedoras de las vacunas anticovid, pone acento en la opacidad sobre el manejo de los recursos públicos en Honduras.

– La dosis de Pfizer tiene un costo en la actualidad de 554.77 lempiras (19.50 euros), de acuerdo a reportes de prensa internacional.

– En el caso de la vacuna Sputnik V, personeros del gobierno hondureño desde un inicio revelaron que el precio era de 9.95 dólares por dosis.

A la fecha el país ha comprado alrededor de dos millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus: 1.2 directamente desde el ejecutivo y 800 mil da través del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

En el caso del gobierno ha comprado 1.2 millones del inoculante Pfizer y 48 mil de Sputnik V, las del Seguro Social son exclusivamente AstraZeneca en un contrato de 1.4 millones, es decir que ya se recibió más de la mitad de lo acordado.

De acuerdo a reportes de prensa internacional -fechados el 2 de agosto de 2021- el último contrato firmado por la Unión Europea (UE) reflejó un incremento de la dosis de Pfizer de 15.50 a 19.50 euros (440.97 a 554.77 lempiras).

La empresa que produce el inoculante Pfizer no se ha pronunciado sobre la subida de los precios develada por el Financial Times, reputada publicación londinense, alegando la confidencialidad de los contratos firmados.

El éxito de las vacunas de ARN mensajero, como Pfizer, tendría como resultado un beneficio importante en términos económicos, según los datos de consultoras del sector, en 2022 se prevé que Pfizer ingrese cerca de 56 mil millones de dólares (47 mil millones de euros) por su vacuna contra el COVID-19.

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En abril de este año, personeros del gobierno hondureño revelaron que cada dosis de la vacuna Sputnik V tenía un costo de 9.95 dólares. Esto a raíz de un contrato de 4.2 millones de dosis acordadas entre Honduras y el Fondo Ruso de Inversión.

De las 4.2 millones del inoculante, apenas se recibieron 86 mil dosis, las que se pagaron en contra entrega, de acuerdo a lo informado por el gobierno.

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Lo que aprobó el Congreso

El martes de esta semana el Parlamento hondureño aprobó un decreto en único debate para declarar en secretividad, por 10 años, la compra de vacunas anticovid por parte del gobierno.

El artículo 1 del decreto señala: “Declarar información reservada, la acordada entre el gobierno de la República de Honduras y las empresas farmacéuticas fabricantes o proveedoras de las vacunas contra la COVID-19, contenida en los acuerdos y contratos vigentes y que sean suscritos para la adquisición y suministro de las mismas”.

Mientras el artículo 2 establece que “La información reservada referida en el artículo anterior, tendrá vigencia por un plazo que no exceda el término de 10 años”.

En el debate legislativo participó la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, quien arguyó que la petición fue hecha por la empresa farmacéutica Pfizer, y que la institución no tiene problema en exponer el contrato al público.

La funcionaria negó que detrás del decreto exista “negociaciones oscuras” y aseguró que en el tema de las vacunas no hay irregularidades.

Explicó que la pretensión es que no existan retrasos en la llegada de vacunas de Pfizer a territorio hondureño. Esta semana arriban 200 mil dosis del inoculante y en todo el mes serán 1 millón, dijo.

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Solo a Honduras se le pide reserva total

La comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ivonne Ardón, explicó que esa institución no participa en las negociaciones entre Salud y las empresas proveedoras de la vacuna, únicamente reciben los documentos consolidados cuando son firmados los contratos.

Recordó que el Estado de Honduras solo ha firmado contratos con el Fondo Ruso de Inversiones (vacuna Sputnik V) y la compañía Pfizer para el inoculante del mismo nombre.

Ardón citó que el Fondo Ruso no solicitó reserva del costo de la vacuna, solamente pidió se guardaran datos de información sobre propiedad intelectual y la cuenta en la que se harían los pagos.

En el caso de la empresa Pfizer, se firmó el contrato con el gobierno, luego la Secretaría de Salud hizo el mismo procedimiento de remitirlo al IAIP y esa oficina aprobó la reserva de información solicitada en algunos de los apartados.

Sin embargo, cuando se mandó el documento a la compañía proveedora, ellos decidieron pedir secretividad en la totalidad del contrato y otra vez fue enviado al IAIP para lograr un mayor blindaje.

“El Instituto (de Acceso a la Información Pública) por unanimidad de votos decidió ‘no procedente’ la petición de reserva de información y para tomar esta decisión tenemos que hacer valoraciones y consultas internacionales”, detalló la funcionaria.

Dijo que al hacer las consultas se comprobó que a países como México y Guatemala no se les pidió reserva en la información en cuanto a revelar el valor del inoculante.

Remarcó que “lo que ha generado la suspicacia en torno a este tema es por qué a Honduras sí le piden reserva total del contrato y a otros países no. Nosotros tuvimos conocimiento de la presión que hizo Pfizer a la Secretaría de Salud, pero también indicamos a la ministra Flores que concertara una audiencia con los personeros de Pfizer para escucharlos y nos dieran sus argumentos”.

La comisionada Ardón remató que “será de manera directa que el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público tenga que ir hasta la Secretaría de Salud porque la información no está en calidad de custodia dentro del IAIP”.

Concluyó que “la historia si no la documentamos estamos los hondureños expuestos a cometer los mismo errores del pasado. Pedimos que se haga una reforma al decreto y se permita que en el seno del Instituto se conozcan las reservas que la Secretaría de Salud va a darles a futuras contrataciones”.

Atropello, bofetada y delitos de lesa humanidad

De su parte, el exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana Mercado, calificó como un atropello, una bofetada y delitos de lesa humanidad en contra de la población hondureña el decreto que aprobó el Legislativo sobre la secretividad en la compra de vacunas anticovid.

“Es una bofetada a la dignidad nacional, todo es justificar para robarse el dinero. Los casos más emblemáticos de corrupción en el país se han dado en el sector salud, en el Seguro Social y el Ministerio de Salud”, reflexionó.

Dijo que tal como está aprobado el decreto, cualquier empresa podrá vender vacunas anticovid bajo secretividad, tal como ocurrió con la normativa que autorizaba a las Fuerzas Armadas como la única en su materia la que vendería armas en el país.

“Es prácticamente una patente de corso para que cuantos quieran constituirse en empresas, como acostumbran aquí de maletín, puedan ofertar al Estado, productos en cualquier circunstancias y todo va a quedar en secreto. No vamos a saber la transacción, el costo, ni la calidad del producto”, expuso.

Orellana Mercado lamentó que cuando ocurren este tipo de acontecimientos no se puede recurrir a ningún ente porque no responde ni el Poder Judicial y mucho menos el Tribunal Superior de Cuentas. “Así se ensancha la impunidad en el país”, dijo.

No hay forma de investigar

De su lado, el Coordinador de Asistencia Legal Anticorrupción de la ASJ, Juan Carlos Aguilar, dijo que lo aprobado por el Legislativo no sorprende a nadie porque de esa forma han actuado en los últimos años.

“Pedimos rendición de cuentas al Congreso Nacional porque al fin y al cabo las vacunas se van a comprar con fondos públicos. Vemos que la respuesta de este poder del Estado es nula, quieren seguir en la opacidad y esto genera mucha preocupación porque sabemos del accionar de ellos”, señaló.

Reflexionó que para poder investigar los hechos es necesario tener acceso a la información, por lo que al haber clausulas de secretividad no se puede hacer nada al respecto.