Tegucigalpa – Los hondureños concurrirán el próximo 24 de noviembre por novena vez consecutiva a elecciones generales desde las celebradas en 1981, tras casi dos décadas de regímenes militares, con la esperanza de que su situación personal y del país mejoren con el gobierno que asumirá el 27 de enero de 2014.
Después de 32 años de democracia, en la que se han alternado el poder los centenarios partidos Nacional y Liberal, ambos conservadores, la situación de los hondureños no ha mejorado, sino al contrario, ha empeorado, según la opinión casi generalizada de los diversos sectores sociales del país.
Más que 32 años de democracia, los hondureños lo que han tenido son votaciones cada cuatro años marcadas por múltiples promesas de campañas que en su mayoría los políticos no han cumplido.
Muchos hondureños sufren por la pobreza y el desempleo; la falta de seguridad, deficientes servicios de salud y educación; el déficit de un millón de viviendas, falta de tierras para los campesinos, una alta mora judicial y la corrupción, entre otros problemas.
Los ocho candidatos a la Presidencia de los nueve partidos que participarán en las elecciones aseguran conocer los problemas del país y tener soluciones cuando lleguen al poder, aunque no dicen claramente cómo y con qué recursos, en una Honduras que además atraviesa una crisis económica sin precedentes.
El 27 de enero de 1982, cuando asumió el poder Roberto Suazo Córdova, al frente del ahora opositor Partido Liberal, la pobreza afectaba al 60 por ciento de la población, mientras que ahora ese flagelo castiga a siete de cada diez hondureños, según diversas fuentes.
En el decenio de 1980, que marcó el retorno a la democracia, la violencia y delincuencia común no era tan grave como en la actualidad, en que hay veinte muertes diarias.
En aquellos años ya operaba el narcotráfico, pero en el país no aterrizaban tantas avionetas cargadas de cocaína procedentes de América del Sur como en los últimos ocho años, en los que también se ha incrementado la guerra entre carteles de la droga.
La corrupción, que también ya tenía profundas raíces en los 80, en los últimos años ha alcanzado ribetes de escándalo, salpicando a gobiernos de los dos partidos tradicionales, pero los corruptos no están en la cárcel.
Los hondureños también sufren los efectos de un sistema judicial y cuerpos de seguridad que fomentan la impunidad por la falta de investigación y la complicidad con el crimen de algunos de sus miembros, entre los que figuran jueces, fiscales y policías, aunque el Gobierno asegura que se están haciendo correctivos y reformas.
El exfiscal general del Estado Luis Alberto Rubí dijo pocos días antes de abandonar el cargo que de los casos que conocía esa institución, apenas podían atender el 20 por ciento.
Combatir tanta impunidad y corrupción son otros retos que tienen las nuevas autoridades del Ministerio Público que asumieron hace dos meses, aunque para muchos hondureños esa y otras instituciones responsables de impartir justicia no tienen credibilidad.
El decenio de los 90 Honduras lo arrancó con medidas económicas de corte neoliberal impulsadas por el gobierno de Rafael Callejas, del Partido Nacional, y más tarde, a finales de octubre de 1998, sufría la destrucción del huracán «Mitch», que dejó 5.657 muertos y pérdidas materiales que superaron los 3.000 millones de dólares.
En lo político, la frágil democracia hondureña se ha visto afectada por una intentona de romper con la institucionalidad en 1985, durante el gobierno de Suazo Córdova, y el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente Manuel Zelaya.
Zelaya fue derrocado y expulsado del país cuando promovía, pese a tener impedimentos legales, una consulta popular que era respaldada por Venezuela.
El derrocamiento de Zelaya dividió política y socialmente a los hondureños, incluso entre familias, aunque en noviembre del mismo año del golpe se celebraron las octavas elecciones consecutivas.
Esos comicios los ganó Porfirio Lobo, al frente del Partido Nacional, en un ambiente marcado, además, por más del 50 por ciento de abstencionismo y el aislamiento internacional que sufría el país por el derrocamiento de Zelaya.
En su campaña, Lobo solamente prometió dos cosas: trabajo y seguridad, pero a menos de tres meses de concluir su mandato no ha cumplido ninguna.
En una campaña de su gobierno por radio y televisión, Lobo destaca que aunque no pudo hacer lo que se había propuesto como presidente, logró que Honduras volviera a ser reconocida por la comunidad internacional.
Divididos entre «golpistas» y «golpeados», los hondureños se alistan para unas elecciones en las que, además, por primera vez participarán nueve partidos políticos, cuatro de ellos surgidos tras el golpe de Estado a Zelaya.
El expresidente Zelaya ahora busca regresar a la Casa Presidencial por la puerta de atrás y a la sombra de su esposa, Xiomara Castro, quien es la candidata del partido Libertad y Refundación (Libre, de izquierda), uno de los cuatro que surgieron después del golpe de Estado.
Castro figura entre los cuatro candidatos que, según algunos sondeos de opinión, tienen opción de ganar las elecciones, que serán observadas por organismos internacionales y grupos locales de la sociedad civil.
Los otros tres son Juan Orlando Hernández del gobernante Partido Nacional y actual presidente del Parlamento; Mauricio Villeda, del Partido Liberal, la primera fuerza de oposición, y Salvador Nasralla, un presentador de televisión que lidera el Partido Anticorrupción.
Cualquiera que gane, aunque dentro de cuatro años no hayan cumplido con sus promesas de campaña, no tendrán problemas, porque en Honduras no hay sanción penal para los malos gobernantes, que han sido mayoría en la historia política del país desde su independencia en 1821.
