El secretario general de Justicia y Derechos Humanos, Denis Alberto Gallegos, explicó que hasta el momento hay unas 392 solicitudes de indulto las cuales se acumulan de años anteriores y que fueron remitidas de la secretaria anterior (Gobernación y Justicia) ahora del Interior y Población.
Según el funcionario, de los 392 indultos, 25 de ellos han sido entregados al presidente Porfirio Lobo Sosa, de los cuales solo uno se ha hecho efectivo.
Agregó que las personas que no pueden solicitar el indulto son los acusados por delito de parricidio, infanticidio, asesinato, robo seguido de homicidio, las penas aplicables a los incendiarios, aquellos a los que la Corte Suprema de Justicia en su dictamen correspondiente refiera que son delitos graves o que hayan causado un impacto a la sociedad y los reincidentes.
Los datos estadísticos registran que la población penitenciaria es de 12,130 privados de libertad a nivel nacional, que según los expertos entendidos en la materia existe una sobrepoblación ya que dichos centros penales están para una capacidad de 8,120 reclusos o sea con una diferencia de sobrepoblación de 4,010 reclusos.
A criterio de algunos profesionales del derecho se tienen que buscar medidas a tiempo récord ya que los centros penales son una bomba de tiempo y que con la figura del indulto podría bajar un tanto la presión de sobrepoblación y descongestionar dichos centros penales.
Otros togados consideran que la medida no sería efectiva porque es la mora judicial la que no se reduce ni se buscan soluciones al respecto.
