Buscan de nuevo que MP no investigue casos de corrupción y lo dejarían al TSC, según Jari Dixon

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó en primera lectura una reforma a la Ley General de Administración que le daría al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la exclusividad de la investigación y decidir quiénes son responsables de delitos civiles, administrativos y penales, en detrimento del Ministerio Público.

Lo anterior fue señalado por el diputado Jari Dixon, quien denunció que la medida ocurre justamente cuando la semana pasada la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la reforma a la Ley General del Presupuesto y con ello le permite al Ministerio Público y a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) reactivar los casos como la Red de Diputados, que había sido sobreseído por la reforma legislativa.

El diputado Dixon indicó que la reforma al artículo 115 de la Ley General de Administración, aprobada en primer debate, se otorga potestad única al tribunal Superior de Cuentas (TSC) definir quién tiene responsabilidad civil, administrativo y penal en casos de corrupción que investigue y luego lo traslada al Ministerio Pùblico.

El diputado dijo que de aprobarse la medida legislativa volverían a “obstaculizar al Ministerio Público” y decirle que solo los casos que el TSC determine puede intervenir.

Dixon, que hablo con el canal HCH, indicó que la propuesta de reforma a la ley de Administración General es contraria a la Constitución y a la Ley del Ministerio Público, ya que la Fiscalía General es la que tiene la acción penal y pública en el país.

Si el MP determina, tras una investigación sobre determinado caso de corrupción, que hay evidencia suficiente para presentar requerimiento fiscal lo puede hacer y no necesita esperar un informe del TSC.

El diputado Dixon afirmó que no “pueden amarrar al Ministerio Público a las decisiones del Tribunal Superior de Cuentas”, recordando que el tribunal de cuentas siempre ha hecho informes y los ha remitido a la Fiscalía General, pero eso no es un  obstáculo a la acción de los fiscales.

“Siguen poniendo obstáculos al Ministerio Público y a la MACCIH para que no sigan investigando”, se lamentó el diputado, quien señaló que la decisión inicial en el Congreso Nacional es una “reactivación del pacto de impunidad”.

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