A su juicio, este proceso puede ser el «cimiento de la integración regional», como lo fue en los orígenes de la unión de naciones europeas.
Para el alto funcionario, «Centroamérica es hoy un modelo de integración regional a seguir en toda América Latina».
Landáburu hizo estas observaciones ante representantes de El Salvador, que actúa como portavoz en esta ronda, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, que participa como observador en temas comerciales.
Reconoció que los temas en cuestión durante la IV ronda son «difíciles» y que puede haber «dificultades en algunas áreas», pero remarcó también que «ningún problema es irreversible» y que «se está avanzando en cooperación política y financiera, así como en temas comerciales».
«Queremos un acuerdo con sustancia y que nos permita en los próximos años consolidar las relaciones políticas, comerciales y económicas, y sobre todo que las empresas europeas vean a Centroamérica como un mercado único lo suficientemente atractivo como para ser tomado en serio», explicó más tarde en declaraciones a Efe.
Entre los temas más «complicados» de la negociación mencionó el deseo de la UE de que el banano o el café centroamericano sigan pagando impuestos a la exportación, lo que los coloca en desventaja frente a determinados países africanos y de ultramar que están exentos históricamente.
«Estamos revisando un poco esta política en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y eso podría dar la opción de un marco más satisfactorio para los países centroamericanos», dijo Landáburu, que reconoció que sin un acuerdo en dichos productos no será posible un acuerdo de asociación válido.
Por otro lado, sobre las críticas de los países centroamericanos, como el resto de los latinoamericanos, a la nueva política de inmigración europea y la llamada «directiva de retorno», Landáburu lamentó «determinadas declaraciones que demuestran una falta de conocimiento».
Recordó en este sentido que el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, «reconocido progresista», ha mostrado su apoyo a esta directiva.
Sobre el plazo de dieciocho meses que pueden llegar a estar retenidos los inmigrantes ilegales según la nueva legislación, destacó que es un «marco de máximos», y admitió que él mismo lo considera «excesivo».
No obstante, afirmó que servirá para que los países que no disponían de un plazo máximo lo empiecen a tener, mientras que los que disponían de otros más cortos, según aseguró, no lo aumentarán.
