Brazo de la justicia alcanza a alcaldes, pero aún no llega a poderosos actores privados

Tegucigalpa – En Honduras la justicia da pasitos en la lucha contra la impunidad y aunque su brazo ha empezado a extenderse hacia actores que han permanecido inalcanzables, algunos de ellos destacados por su poderío local, otros que operan desde el sector privado permanecen aún intocables.
 

“Justicia uno”: deja en prisión al alcalde de Yoro

La operación “Dominación” que se extenderá hasta el 2016 y que enmarca en su contexto muchas otras específicas como el ejercicio “Justicia Uno”, ha dejado en la cárcel a la espera de un juicio al alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, a dos de sus hermanos y a otros presuntos implicados.

El alcalde de Yoro, Urbina Soto, es un miembro del gobernante Partido Nacional y fungía como jefe de esa comuna por segundo período consecutivo. Yoro es una localidad desde donde cientos de seguidores del alcalde, así como el resto de ediles de la región, acompañados incluso de diputados, han protestado públicamente por su detención.

Pero el alcalde está preso en una base militar de San Pedro Sula, acusado de lavado de activos y portación ilegal de armas. Su caso es conocido por un juez con jurisdicción nacional. Sus bienes, cuantiosos, han sido asegurados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Allanamiento a bienes del alcalde Choloma

Pocas semanas después, este jueves, otro alcalde, el de Choloma, Leopoldo Crivelli, electo por tres períodos consecutivos, miembro del opositor Partido Liberal, ha sido objeto de allanamientos en sus propiedades y en las propias oficinas municipales.

Crivelli no ha aparecido públicamente mientras se realizan los operativos, lo hizo hasta la noche de este jueves para hablar ante medios de comunicación. Se le acusa de presunto abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, violación de los deberes de los funcionarios y enriquecimiento ilícito, según dijo a periodistas Elvis Guzmán del Ministerio Público.

En Choloma, la operación “Sindaco” (término italiano que significa alcalde), se mantenía hasta altas horas de la noche de este jueves. Son múltiples las fiscalías, unidades policiales y tácticas las que actúan en los allanamientos. También operan allí oficinas especializadas estadounidenses.

Un portavoz de la Fiscalía dijo que al menos 70 cajas de documentos han sido incautadas, además de 40 ordenadores y otras potenciales pruebas en los delitos que se presumen rondan las actuaciones del jefe municipal de Choloma, una de las ciudades con mayor dinamismo industrial en la región del Valle de Sula, norte de Honduras.

Entre los documentos encontrados hay algunos relacionados a pagos de impuestos sin sustento, incluida una evidencia sobre un pago de seis millones de lempiras en tributos, dijo el vocero fiscal Elvis Guzmán a la cadena radial HRN.

Habla Crivelli

El alcalde Crivelli apareció antes medios de comunicación la noche del jueves y se declaró inocente de cualquier delito. Afirmó que no posee bienes ostentosos a excepción de una finca de palma africana en la que trabaja. Expresó no entender las actuaciones de las autoridades.

El jefe local cholomeño dijo que nunca ha tenido contacto con la cocaína y la marihuana y consideró que las actuaciones de las autoridades podrían tener un tinte político. Retó al presidente a administrar una municipalidad como la cholomeña, la que asumió con 100 millones de lempiras de deuda y que ahora, según expresó, sólo debe 18 millones.

Las cábalas de Marvin Ponce

Según observadores como el asesor presidencial Marvin Ponce, los operativos anticrimen en las alcaldías son parte de los ejercicios previstos que podrían alcanzar a otros alcaldes de regiones hondureñas que son corredores donde actúan los barones de la droga y sus carteles. Igualmente se habla de diputados y altos funcionarios además de empresarios.

Los municipios de la región atlántica y del noroccidente de Honduras, así como los del oriental Olancho, podrían ser objeto de intervenciones en cualquier momento han adelantado fuentes del sistema judicial hondureño que no han querido detallar información para poder prosperar en sus gestiones, han justificado.

¿Y los corruptores privados?

Otros casos en los que los delitos van más ligados a la corrupción pública y privada también empiezan a desentrañarse en Honduras y aunque apenas hay en la cárcel funcionarios de mediana categoría, se avizora que altos cargos podrían parar en las ergástulas.

Para el caso, en el escándalo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), los cuerpos del orden buscan al ex director de esa institución Mario Zelaya y aunque la búsqueda ha resultado infructuosa, se ha girado orden de captura a nivel internacional. “Tarde o temprano Mario Zelaya será capturado”, dijo el propio presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.

Los miembros de la ex junta directiva del IHSS entre ellos empresarios, políticos de distintos partidos, dirigentes obreros y sindicales son objeto de un proceso en el que se les inculpa.

Pero el caso del IHSS no termina de satisfacer la necesidad de hacer un alto a la impunidad en Honduras ya que poco o nada se hace contra los corruptores privados, quienes posibilitaron el descalabro del IHSS.

Se sabe, de acuerdo a los informes divulgados, que en el escandaloso caso de corrupción en el IHSS, empresas que vendieron medicamentos y equipamiento médico y logístico a la institución tienen responsabilidad mayúscula en los hechos, pero hasta hoy, no se ha detallado ningún caso donde se les mencione.

En tanto, otro caso de corrupción pública que involucra al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), ya tiene en la cárcel y bajo juicio a dos personas relacionadas con la compra fraudulenta de bonos en perjuicio de la institución. Otros casos de corrupción institucional mantienen por lo menos 13 líneas investigativas abiertas y se prevé que altos ejecutivos serán llamados a rendir cuentas.

La carretilla

Como si esto fuera poco, un juicio por el llamado carretillazo, en el que Enrique Flores Lanza, ex ministro de la Presidencia en el Gobierno del ex presidente Manuel Zelaya, ha reconocido, cinco años después de los hechos que recibió la millonaria cifra de recursos extraídos de la bóveda del estatal Banco Central de Honduras.

Flores Lanza ha dicho que ese dinero fue distribuido entre sus ex compañeros de gabinete y políticos que colaboraron en junio de 2009, en la instalación de la llamada cuarta urna, un mecanismo de consulta popular declarado ilegitimo por un juez hondureño.

El ex ministro de Zelaya deberá rendir cuentas ante las autoridades hondureñas, especialmente cuando muchos de los presuntamente beneficiados con el festival de fondos, han negado haber recibido recurso alguno.

Los actos de corrupción en Honduras así como las operaciones del crimen organizado y del narcotráfico, siguen siendo tema de conversaciones populares que ligan a cada vez más personajes públicos.

El desafío de las autoridades está en llegar a cada uno de ellos, desde los corredores de la muerte, las vastas haciendas y las ostentaciones donde operan las mafias de la droga, hasta las finas residencia alfombradas donde empresarios y funcionarios corruptos aún disfrutan de la impunidad sin que se les toque ni con el pétalo de una rosa.

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