Tegucigalpa – El Bloque Popular Campesino Indígena interpuso este lunes un recurso de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la Ley de Modernización Agrícola.
El abogado Víctor Fernández es el apoderado legal de esta organización y fue quien interpuso el recurso de inconstitucionalidad.
“Hemos interpuesto un recurso de inconstitucionalidad en contra parte de la Ley de Modernización Agrícola, tres decretos y un acuerdo Ejecutivo que va en contra de la Reforma Agraria”, declaró el profesional del derecho.
Fernández señaló que la Ley de Modernización Agrícola permite el latifundio en el país cuando la Constitución de la República lo prohíbe.
Indicó que la Constitución manda a que en el campo opere la justicia social, sin embargo, la forma que ha venido operando el agro a través de estas reformas es profundizar la crisis en el campo, la desigualdad, criminalización y persecución de la gente.
Además, el profesional del derecho pidió a la Sala de lo Constitucional que priorice en resolver otro recurso enfocado en contra del decreto 93-2021.
Explicó que este decreto autoriza los desalojos preventivos y establece la figura penal de la usurpación.
Fernández mencionó que con la declaración de inconstitucionalidad de este decreto evitara que familias sean desalojadas, se apliquen órdenes de capturas a personas y destruyan los cultivos.
Por otro lado, criticó al Instituto Nacional Agrario (INA) por su rol de ejecutar desalojos con el fin de favorecer al sector agroindustrial. AG
