Belém (Brasil) – En Belém, donde se celebrará en los próximos días la cumbre climática de la ONU (COP30), la gestión de la basura ha derivado en un enorme lío judicial, y el destino de las más de mil toneladas de residuos que se producen a diario es incierto.
Entre el jueves y el viernes se reunirán medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno en Belém, puerta de entrada a la Amazonía y donde más de la mitad de su población vive en favelas, algunas de ellas sin saneamiento básico y donde la basura se acumula a orillas de los canales de sus ríos.
Los líderes mundiales discutirán el futuro del planeta en una ciudad, capital del estado de Pará, que arrastra desde hace años un grave problema de gestión de residuos, algo básico para el cuidado del medioambiente.
Actualmente, las 1.500 toneladas diarias de basura que generan Belém, Ananindeua y Marituba -dos municipios de la zona metropolitana- terminan en un relleno sanitario situado en esta última localidad de aspecto destartalado.
Una montaña de basura de 40 metros en diez años
Gestionado por el grupo Solví, con operaciones en Brasil, Argentina, Bolivia y Perú, y en funcionamiento desde 2015, es hoy una montaña de basura compacta e impermeabilizada de unos 40 metros de altura, rodeada por un manto verde de selva.
El olor es fuerte y el trasiego de camiones de basura, constante hasta lo alto de la estructura, donde van depositando los restos rodeados por nubes de ávidos buitres negros.
Pero el ‘relleno de Marituba’ tiene los días contados. Está al límite de su capacidad y su operación viene siendo prorrogada por la Justicia. La nueva fecha de caducidad es el próximo 31 de diciembre.
Tuvo un inicio complicado: comunidades de vecinos y organizaciones ecologistas denunciaron en el pasado que empezó a operar sin estar en condiciones. La Fiscalía denunció y tres directivos de la empresa llegaron a ser detenidos.
Hoy, la compañía se enorgullece de funcionar «debidamente autorizada» y de captar y transformar los gases tóxicos a través de una planta de biogás, que les permite comerciar créditos de carbono en el exterior, y un generador eléctrico para consumo propio, cuyo excedente lo vende a la red nacional.
«Este vertedero sanitario es uno de los más modernos de Brasil», pero «estamos al límite», asegura a EFE Reginaldo Bezerra, director de Negocios de Guamá Tratamento de Resíduos, empresa del grupo Solví.
Ahora pretenden instalar otro a diez kilómetros de distancia, en la localidad de Bujaru y están a la espera de la conclusión del proceso de licenciamiento ambiental.
Bezerra afirma que ya tienen el aval de la Secretaría de Medioambiente de Pará y que están realizando audiencias públicas con la población local y una serie de estudios complementarios de impacto.
Y es que en esa zona hay comunidades quilombolas, grupos tradicionales conformados por descendientes de africanos esclavizados, que temen que el nuevo depósito afecte su salud y dañe sus cultivos.
Otro proyecto amenaza 16 manantiales
Otra empresa, Ciclus Amazônia, del grupo Simpar, quiere instalar otro relleno sanitario en la localidad de Acará, también en la región metropolitana de Belém y el cual ha provocado las protestas de los vecinos. La última fue esta semana, cuando decenas de personas cortaron una carretera bajo el lema «¡Basurero aquí no!».
«Para su instalación sería necesario deforestar 100 hectáreas de selva preservada. Además, en esa área se identificaron 16 manantiales (…) Sería un crimen sin precedentes», denuncia a EFE la abogada Jessica Fraga, quien representa a las comunidades afectadas.
Aquí el lío es mayor, pues la Secretaría de Medioambiente negó la licencia, pero un juez acusó al órgano de una supuesta falta de fundamentación técnica en sus informes y ordenó el seguimiento del proceso.
Fraga se queja de que una parte de los miles de millones de dólares invertidos en obras para atender «solo a la COP30» no hayan ido destinados a abordar la gestión de residuos y a firmar alianzas con países más avanzados en la materia, como Japón.
Mientras, en el precario barrio de Barreiro, en Belém, se observa basura en los márgenes del río.
A Deusdete Souza le conocen como Beto Sucata («Chatarra»). Desde hace 20 años vive de la compra de aluminio, cobre, latas y plástico, entre otros materiales reciclables. Paga a siete reales (1,3 dólares) el kilo de latas de refrescos. JS
