Bandas organizadas convierten a menores en “kamikazes”

Tegucigalpa – Las bandas del crimen común y organizado han convertido a niños hondureños en “kamikazes” del cobro del mal llamado “impuesto de guerra” que deja millonarias ganancias.
 

– La Policía asegura trabajar coordinadamente con la Fiscalía de la Niñez, pero los resultados en cuanto a la reinserción de los menores cada vez es más alarmante.

– Esta semana se fugaron ocho menores internos en un centro de rehabilitación en San Pedro Sula, el que ha sido constantemente tomado por integrantes de pandillas.

– Decenas de niños son utilizados para cobrar el “impuesto de guerra”.

– La trata humana y el sicariato también conforman el crimen en las que los niños son utilizados.

Para el caso este miércoles, la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), detuvo a un niño de 16 años con el alias “El Pío”, quien mantenía atemorizados a dueños de negocios de la colonia Monseñor Fiallos de la capital, donde cobraba cuantiosas sumas de dinero.

El menor es un presunto integrante de pandillas y al momento de su captura se le decomisó un arma de fuego calibre 45 con siete proyectiles. “El Pío” fue remitido de forma inmediata a la Fiscalía de la Niñez y la Familia para que enfrente las causas penales de asociación ilícita, portación ilegal de armas y extorsión.

Se conoció que el menor tenía fijada una “meta a recaudar” bajo la modalidad de la extorsión, misma que es impuesta por jefes de pandillas que operan en la ciudad.

Datos de la FNA dan cuenta de 362 capturas, de las que hay 63 menores de edad, 53 de ellos hombres y las restantes 10 mujeres.

Hasta este mes de noviembre se han contabilizado 1 mil 586 denuncias relacionadas a extorsiones; 198 casos judicializados, con un promedio de entre cuatro y siete denuncias diarias.

Jefe de la Policía: Edad punible afecta el accionar de seguridad


Consultado por Proceso Digital, el jefe de la Policía hondureña, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, recordó que los menores de edad no cometen delitos, sino que infracciones, según la legislación.

“Sin duda esto viene a perjudicar el buen accionar de la Policía Nacional en su afán de sacar de circulación legalmente a estos menores de edad”, justificó.

Bonilla detalló que la Policía articula esfuerzos con la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público. “Con ellos llevamos acciones comunitarias y de sensibilización relacionadas con las consecuencias que produce que un menor de edad ande cometiendo infracciones. También las consecuencias que tienen los padres si se hace una revisión exhaustiva de la ley”, dijo.

“El Tigre” expresó que una vez que la Policía detiene a los menores infractores de la ley, de inmediato se hacen las gestiones con la Fiscalía de la Niñez y de esa forma se siguen todos los procedimientos que corresponden de acuerdo a las convenciones de los derechos del niño, según él.

El jerarca policial reconoció que se ha vuelto común la utilización de menores para cometer ilícitos. “Eso nos imposibilita poder judicializarlos como a los adultos”, refirió.

Remarcó que según investigaciones de la Policía, la mayor parte de los extorsionadores utilizan menores de edad con el objetivo de dificultar los procesos judiciales debido a que éstos son enviados a centros de internamiento.

El oficial dijo que la Policía trabaja con las unidades de inteligencia para buscar “salidas científicas” a esta modalidad que coge fuerza con el paso de los días.

Puntualizó que la Policía tiene mapeadas las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula con el fin de identificar a los menores de edad que reiteradamente se involucran en extorsiones.

Pagan con su vida

Un reciente informe de Casa Alianza reveló que sólo en octubre de este año murieron, en condiciones violentas, 105 menores de 23 años, es decir un crimen cada siete horas.

El mismo documento detalla que durante los últimos 15 años, particularmente entre febrero de 1998 y octubre de 2013 se han registrado en el país ocho mil 854 casos de ejecuciones extrajudiciales y muertes violentas de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años.

Las muertes de los jóvenes, generalmente muestran señales de tortura previa a la ejecución, cuerpos desmembrados, envueltos en sábanas, en bolsas plásticas y presentando certeros disparos en la cabeza.

Asimismo, en algunos de los crímenes se han encontrado rótulos junto a los juveniles cuerpos explícitos en los que se da cuenta que se trata de ajusticiamiento contra cobradores de “impuesto de guerra”.

Esta semana, Proceso Digital informó sobre el asesinato de dos jóvenes en la ciudad de El Progreso, Yoro, donde aparte de ser ultimados fueron quemados y torturados. Las víctimas eran dos menores que presuntamente cometían ilícitos en la zona. Un rótulo fue dejado a escasos metros de sus cuerpos: “Por ladrones y violadores de niñas… basuras”.

A la alarmante tasa de homicidios, particularmente la que afecta a jóvenes, se suma su encarcelación sin posibilidades de rehabilitación, es un modelo que no parece estar funcionando. Los menores pasan a internamiento en unidades que debieran servir para su reinserción social, pero en las mismas sufren constantes maltratos sin políticas claras de recuperación.

Para muestra un botón

El lunes de esta semana los menores volvieron a ser noticia cuando en el centro de rehabilitación El Carmen de San Pedro Sula, ocho internos se fugaron sin que las autoridades se percataran de ello.

Según la información, la fuga ocurrió a eso de las 4:00 de la madrugada de ese día luego que los menores saltaron el muro perimetral de los predios del centro, según lo establecido por una fuente policial.

Los jóvenes son supuestos miembros de una pandilla quienes aprovecharon la poca vigilancia del centro de rehabilitación para fugarse.

El centro de rehabilitación El Carmen tiene un presupuesto de 60 mil lempiras mensuales para atender a más de 100 menores en riesgo social.

En ese mismo centro se produjo un motín hace una semana por parte de un grupo de internos, quienes exigían el traslado hacia Tegucigalpa porque tenían temor que la mara rival los ejecutara.

El Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia se ha declarado incapaz de controlar la situación que enfrentan estos menores en los centros de rehabilitación y más de alguna voz exige que estos recintos sean administrados de una forma profesional y científica, pero ese clamor no tiene eco en las autoridades gubernamentales.

Cabe mencionar que uno de los presuntos delincuentes que atentaron contra la hija del ex presidente Roberto Micheletti, es un menor de edad, por lo que se encuentra bajo la custodia de la Fiscalía de la Niñez.

Y así se cuentan las historias de menores usados por el crimen para llevar a cabo sus fechorías desde el cobro de la extorsión, sicariato, narcomenudeo y proxenetismo, entre un amplio catálogo de delitos.


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