Tegucigalpa- Representantes de las diferentes bancadas en el Congreso Nacional, firmaron hoy una carta- compromiso para dar continuidad al Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH (FPAM), a fin de fortalecer, desde esta legislatura, los esfuerzos contra la corrupción y la impunidad.
El FPAM, es una plataforma que impulsa iniciativas encaminadas a fortalecer acciones que aseguren el cumplimiento de todas las cláusulas del convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y monitorear el apoyo que las autoridades de las diferentes instituciones estatales, deben ofrecer a la Misión en su trabajo contra la corrupción.
Creado en abril de 2016, por iniciativa de la diputada Fátima Mena quien fue la coordinadora; el liberal Osman Aguilar y el nacionalista Juan Diego Zelaya que fungían como subcoordinadores y Elvia Argentina Valle de Libre ocupaba la secretaría. Este grupo coordinador era apoyado por más de 20 parlamentarios.
En esta oportunidad el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Yahvé Sabillón, coordinará esta nueva etapa; Mauricio Villeda del Partido Liberal y Jaime Villegas del Partido Nacional, acturán como subcoordinadores y la secretaría estará a cargo de Doris Gutiérrez del PINU, grupo que será apoyado por otros 20 diputados. Los exdiputados Fátima Mena, Osman Aguilar, Anibal Calix, Yadira Bendaña y Rasel Tomé, acompañarán como miembros honorarios.
A través de una agenda legislativa que luche contra la corrupción, el FPAM encuentra en la MACCIH un aliado importante para ampliar las oportunidades que contribuyan a romper la cultura de la impunidad.
Entre las acciones desarrolladas en la anterior legislatura, el FPAM redactó, socializó y presentó la Ley de Colaboración Eficaz, una herramienta jurídica orientada a desmontar las redes criminales de corrupción y la delincuencia organizada, a fin de evitar que siga deteriorando la institucionalidad y la democracia del país.
Este nuevo grupo de diputados, retomarán el plan de incidencia para que se apruebe esta ley que busca que personas implicadas en la comisión de un delito, ofrezcan información sobre quiénes encabezan las bandas delictivas de corrupción o el crimen organizado, para poder investigar, capturar y judicializar los delitos perpetrados al más alto nivel.
La Ley de Colaboración Eficaz fue socializada con diferentes sectores entre ellos la MACCIH, organizaciones de la sociedad civil como Cáritas, el CNA, y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
Entre el 2014 a 2017, de un total de 67 líneas de investigación que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha remitido a los entes persecutores del delito, solo 11 casos han sido judicializados; el perjuicio identificado en contra del Estado de Honduras es de aproximadamente tres mil millones de lempiras.
Estimaciones del CNA explican que con estos fondos robados al erario, se pudieron haber construido 1,300 centros de educación básica, la carretera de Tegucigalpa a Choluteca, el 50 % del centro cívico gubernamental o abastecer por dos años y medio, el cuadro básico de medicamentos de los hospitales públicos del país.
El año anterior, el fiscal general Oscar Chinchilla expuso en el Congreso Nacional que en Honduras solo hay capacidad para investigar uno de cada cinco delitos que se cometen y de ese 20 % que se investiga, solo cuatro llegan a una sentencia condenatoria.
