El Progreso – La Azucarera del Norte (Azunosa) es la propietaria legítima de las tierras cultivadas de caña de azúcar, las cuales han sido ocupadas por un grupo de personas, y lo anterior se demuestra con los certificados por el Instituto Nacional Agrario (INA) en cuanto a la propiedad legítima de la tenencia de la tierra.
-Una de las fincas propiedad de la azucarera se encuentra invadida y hoy se intentó su desalojó por autoridad policial.
Un juzgado de El Progreso, Yoro ordenó el desalojo de las tierras ocupadas, el cual intentó ejecutar este jueves la Policía Nacional, tras comprobarse que los invasores de la tierra, que por meses han hecho uso de las mismas, y previamente se notificó de la acción al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Ante el cumplimiento de la orden judicial, los invasores actuaron de manera violenta con machetes y piedras, causando daños a la propiedad y a personas que solo cumplían su deber, con lo cual varias personas quedaron heridas, incluyendo empleados y policías.
En un comunicado Azunosa destacó que la falta de una solución pronta a este caso “pone en riesgo las operaciones de la empresa”, que podría provocar la pérdida de 3 mil empleos directos y más de 15 mil indirectos, así como afectar el sustento de cerca de 20 mil personas que dependen de dichos puestos de trabajo.
Indicó que la crisis por la ocupación de tierras de Azunosa provoca un deterioro en en la economía local, como pérdida de impuestos municipales y afecta a la empresa que por muchos años ha sido fuente de empleo y generadora de riqueza de la zona.
En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades gubernamentales a que garanticen la seguridad jurídica que permita a las empresas actuar en base a ley. Igualmente piden que el gobierno cumpla en el respeto a la propiedad privada, se fomente la inversión privada y brinde apoyo para mantener los empleos y beneficios sociales.
La empresa afectada solicitó que se evite el desempleo, lo cual conduce a la pobreza y a la migración irregular de muchas familias.
Azunosa reiteró su compromiso con la “seguridad jurídica, la imparcialidad, el respeto a la propiedad privada y los derechos humanos. Creemos firmemente que estos elementos son fundamentales para el desarrollo económico de Honduras”.
