En los últimos años se ha ido volviendo más accesible, sencillo, y económico implementar sistemas de control electrónico remoto. Estos generalmente unen el envío y recibo de datos de forma remota, con facilidad de almacenaje y consulta. Simultáneo a estos avances, las capacidades de los sistemas van en aumento, con una expectativa de que las tendencias futuras sean similares. La razón para esto es que estos sectores están poco regulados, y tienen mucha fluidez en su desarrollo, lo que permite el progreso como resultado de una sana competencia. Esto trae una enorme cantidad de oportunidades para las empresas, el sector público, y las personas particulares.
Para las empresas, los procesos de adopción son bastante lineales. Únicamente indicaríamos la conveniencia de estudiar los avances y ver como se pueden aprovechar en la actividad. Todo tipo de procesos industriales, administrativos, logísticos, financieros, y de servicios son sujetos a mejorarse utilizando estos sistemas. Como la expectativa es que los mismos irán mejorando a lo largo del tiempo (como es nuestra experiencia con nuestros proveedores), el impacto será cada día mayor de hacer la implementación.
Para los particulares ocurre algo similar. El teléfono inteligente, unido al “internet de las cosas” ha vuelto posible llevar la magia de la tecnología hasta los hogares. Se puede regular el consumo energético, tener vigilancia remota, llevar las finanzas personales, hacer trámites y compras, de maneras insospechadas hasta hace unos años. Cada vez habrá más servicios y productos para uso personal y familiar, y puede ser de interés prepararse y adoptar nuevas soluciones.
Como siempre, lo más retrasado y de más desafíos en evolucionar es todo lo vinculado al sector público. Esto abarca al gobierno central, las empresas estatales, y los rubros sujetos a regulación estricta. En cada uno de estos, la naturaleza del desafío de adopción es distinta, pero de un origen similar.
En el gobierno central, la misma lentitud y burocratización hacen difícil hacer implementaciones. Si a esto se le suma la dificultad que tiene el servicio público de atraer personas con competencias en tecnología, y que no se ascienda por capacidad técnica, esto hace difícil que siquiera se conciba la necesidad o la posibilidad. Por eso los tramites y administración pública se ven arcaicos, y cada vez se rezagan más.
La naturaleza de las soluciones generalmente es crear sistemas ad-hoc, y contratados de forma cerrada. Esto resulta en una multiplicidad de plataformas que no tienen capacidad de mejorar, y sin ningún incentivo institucional para hacerlo. Sería más adecuado que las instituciones pudieran suscribirse de forma directa (sin intermediario) al proveedor originario del servicio (Microsoft, Oracle, etc.), las cuales van actualizando y mejorando sus productos de forma continua. La compra de servicios de forma consolidada puede dar aun mejores resultados, pero solo si se hace con el proveedor originario.
En las empresas estatales, se da el mismo problema, aunque estas tengan mayor agilidad. Como la inversión en sistemas afecta los presupuestos del ejercicio anual, con beneficios a futuro, se tiene menos incentivo en hacerlas. Es importante las Juntas Directivas reconozcan esto y exijan inversión en estos temas a la administración, utilizando los mismos criterios mencionados anteriormente.
Para las actividades reguladas, el riesgo de recibir un sistema cerrado impuesto y la desconfianza a la regulación limitan la adopción de tecnología. Por ejemplo, el transporte terrestre debería todo de pasar su facturación, y vigilancia de seguridad, a plataformas en nube. Para esto es necesario que el estado no limite proveedores, ni pretenda tener control sobre los sistemas.
Otro ejemplo es el pago de impuestos. La autoridad tributaria puede autorizar módulos de formularios, declaración, o calculadoras adaptables a cualquier plataforma que los clientes usen para su contabilidad (y pago). Esto permitiría mayor facilidad y eficiencia, sin requerir inversión adicional ni afectar la capacidad de recaudación.
Esto se debe aplicar además en el área de seguridad pública. La cámara y grabadora en la patrulla, el bus, la posta policial, y el cubículo de atención al público ayudan a reducir el potencial de corrupción y abuso en contra de la población. Además, ayudan a mejorar la eficiencia y seguridad con que se cumplen las funciones públicas.
