Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, denunció hoy que autoridades penitenciarias no permitieron el ingreso de miembros de su personal a las instalaciones del centro penal de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, conocido como “El Pozo”, lo que violenta la ley orgánica de este ente estatal.
El Ombudsman hondureño declaró que giró instrucciones al personal del Conadeh en Santa Bárbara para que se hicieran presentes en el lugar, sin embargo, se les negó el acceso, pese a que por ley, tanto las autoridades civiles, militares o de cualquier índole, tienen la obligación de abrir sus instalaciones.
Nosotros, dijo el Defensor del Pueblo, estamos encargados de supervisar como el Estado mismo cumple con su responsabilidad de hacer efectiva la protección de la dignidad humana, ya que tenemos nuestra apreciación con enfoque de derechos humanos en materia del tratamiento de las personas privadas de la libertad.
Medidas de carácter excepcional son en función
de la peligrosidad de los privados de libertad
Herrera Cáceres indicó que cualquier medida de carácter excepcional puede ser tomada en función de la peligrosidad de las personas, siempre y cuando se respete el goce de derechos humanos básicos como el de la alimentación, la salud e inclusive a tener comunicación con su familia y con el abogado defensor
Agregó que ese tipo de acciones debe hacerse dentro de los requisitos que establece las medidas de aislamiento que siempre deben ser individualizadas y estudiadas en función del grado de peligrosidad de los privados de libertad y siempre respetando la dignidad inherente al ser humano.
Consultado en torno a la advertencia hecha por el Presidente de la República, en el sentido que habrá una campaña internacional gestada por organismos de derechos humanos por la medida adoptada, Herrera Cáceres, considera que lo importante es verificar que estas personas tengan las condiciones básicas para su existencia y no se les someta a torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes.
El Ombudsman hondureño, mencionó para el caso, que Honduras cuenta con suficiente institucionalidad para verificar todo lo que está ocurriendo al interior de esa cárcel de máxima seguridad.
Dentro de esta institucional se refirió a la Secretaría de Derechos Humanos, ente gubernamental que está encargado de impulsar la aplicación de la política pública de derechos humanos y su plan de acción.
También hizo mención al Poder Judicial, que por medio de los jueces de ejecución, vigilan la forma en que están cumpliendo sus penas los privados de libertad.
A las anteriores instituciones agregó a la Fiscalía de Derechos Humanos, el Comité Nacional contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev) y al mismo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ente que tiene que verificar como ejercen y aplican sus atribuciones todas estas instituciones.
Inclusive, dijo Herrera Cáceres, tenemos la presencia internacional en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Adelantó que el Conadeh va a instar a las instituciones del Estado mencionadas para que se coordinen adecuadamente y se puedan verificar todos los extremos en torno al centro penal de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara.
