Tegucigalpa – El diálogo para superar la crisis en Honduras surgida por el presunto fraude en las elecciones generales del 26 de noviembre todavía no se ha instalado, mientras que la lucha contra la corrupción con el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA) pareciera que se ha estancado.
Por ambas cosas se han pronunciado diversos sectores, mientras continúa un lento «prediálogo» orientado a un diálogo para resolver la crisis política y social derivada del presunto fraude electoral que aduce la oposición, que no reconoce al presidente Juan Orlando Hernández, a quien acusa de haberse reelegido fraudulentamente.
El prediálogo inició el 12 de marzo bajo la moderación del coordinador permanente de la ONU en Honduras, Igor Garafulic, quien entonces dijo a la prensa que «sí existe voluntad para iniciar el diálogo» para superar la crisis.
La mesa técnica del prediálogo se instaló con representantes de partidos políticos y el Gobierno, pero con la ausencia de los principales líderes de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla y el expresidente Manuel Zelaya.
Nasralla, candidato presidencial en las elecciones de 2017 como líder de la Alianza de Oposición integrada por los partidos Libertad y Refundación (LIBRE), que lidera Zelaya, y el Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), tiene representantes en la mesa.
Zelaya, quien tiene marcadas diferencias con Nasralla, por su parte, reiteró el viernes que LIBRE no participará en el proceso porque en el Gobierno no hay voluntad para un diálogo, y que las protestas convocadas por su partido continuarán hoy.
A la crisis surgida por el presunto fraude electoral, el 15 de febrero se sumó la renuncia irrevocable del vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih), Juan Jiménez, que depende de la OEA, aduciendo que no tuvo el respaldo del secretario general del ente continental, Luis Almagro.
El hecho de que el sucesor de Jiménez no haya sido nombrado todavía, aunque ya hubo un fallido intento por parte de Almagro, es visto por algunos sectores como una jugada de personajes implicados en actos de corrupción, algunos desde el interior del Parlamento, que buscan que desaparezca la Maccih.
La Conferencia Episcopal de Honduras se volvió a manifestar esta semana sobre la actual situación, señalando en un comunicado que después de seis meses de las elecciones de noviembre «no debemos caer en el error de pensar que el país ha entrado en una etapa de normalidad o tranquilidad y que la crisis ha sido superada».
«Por el contrario, la insatisfacción sobre las condiciones de vida de los ciudadanos aumenta día a día y la credibilidad y confianza en las instituciones y en los principales actores de la vida política disminuye cada día más, sin que, aparentemente, a los líderes políticos les preocupe en lo más mínimo», dijo.
Frente a la «incapacidad de la clase política para dialogar entre sí», los obispos señalaron que se vuelve urgente impulsar otros espacios con la sociedad como principal protagonista: el plebiscito, el referéndum y las consultas ciudadanas.
Sobre la Maccih, de la que la percepción de muchos sectores es que ha sido debilitada desde el mismo Estado hondureño a través de un reciente fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Conferencia Episcopal reiteró que acompaña toda iniciativa ciudadana de lucha contra la corrupción.
El analista Víctor Meza considera que son muchos los hondureños que tienen «la triste impresión, de que el país, en lugar de progresar, retrocede», con medidas como la de debilitar el trabajo de la Maccih, que se instaló en Tegucigalpa el 19 de abril de 2016.
Meza sostiene que a partir de la «forzada renuncia» del vocero de la Misión, «los corruptos se envalentonaron y creyeron que había llegado el momento del desquite, la hora propicia para golpear a una MACCIH casi moribunda y en estado de confusión y languidez burocrática».
Pareciera que al Gobierno y la Secretaría General de la OEA «les ha gustado el interinato (de la Maccih) y quieren prolongarlo tanto como sea posible, asegurando así la conveniente inercia y el desánimo de la misión de apoyo» contra la corrupción, según Meza.
