Tegucigalpa (Por Verónica Castro) – Desde hace una década, el agro reporta una preocupante deserción de productores, quienes ahogados por las deudas, los bajos precios de venta y preocupados por los efectos del cambio climático, no quieren arriesgarse, mientras que la inseguridad jurídica, reflejada en las crecientes invasiones de tierra, ahuyenta a posibles inversionistas.
Cafetales de Santiago de Puringla, La Paz se suman a cultivos invadidos por supuestos campesinos.
Desde hace un lustro, los productores de granos básicos cosechan 10 mil manzanas menos.
“Cada vez hay menos productores, cada año se reducen las manzanas de producción de maíz y de arroz principalmente”, indicó a Proceso Digital Juan Valladares, presidente regional de la Asociación de Productores de Granos Básicos (Prograno).
Para el 2024 apenas se van a cosechar entre 400 y 500 manzanas de arroz, cuando se ha llegado a producir 15 mil o 12 mil manzanas.
“Hemos estado sembrando 10 mil manzanas menos desde hace 5 o 6 años, la deserción de los productores es notorias”, afirmó al señalar que el temor por las huellas del cambio climático, sumando a esto la problemática crediticia, hace que cada año nos estemos volviendo más importadores de alimentos, reiteró Valladares.
En la actualidad, la agroindustria compra un millón 700 mil quintales de maíz blanco, lo que permite que estos puedan comprar el doble en el extranjero, la garantía del 2 a 1, para ser importado libre de aranceles.
Productores siguen esperando la readecuación
La readecuación de deuda sigue siendo un sueño para cientos de agricultores. “No ha habido nada de eso, a pesar de que ese es un grito de guerra, un grito de años, queremos pagar, queremos readecuar nuestras deudas, queremos volvernos bancables ante la banca privada, queremos honrar nuestro compromiso”, aseguró Valladares.
Desde el pasado gobierno hay un decreto que fue aprobado al cierre de 2021, pero quedó engavetado y ya aprobado por el Congreso Nacional, solo esperando la sanción presidencial.
Sin embargo, como la nueva administración del Ejecutivo no quiere saber nada del gobierno pasado, los que están pagando las consecuencias son los campesinos que están endeudados, “pues como dicen salimos en la chalana”, lamentó el presidente regional de Prograno.
La carga a la que Valladares hace referencia son créditos que data de hace 25 años, “desde el Mitch para acá”, y que con el pasar del tiempo se han sumado otras tormentas, entre ellas Eta, Iota, Julia, además de las sequías.
Lo más lamentable es que aunque el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), que fue reactivado con el gobierno de Castro, tenga a disposición financiamientos para el agro, “muchos no quieren endeudarse más de lo que están, entonces están temerosos y no hacen uso de los recursos.
El regreso de Banadesa
Para este año, el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Erlin Menjivar, anunció que la institución dispondrá de una cartera de créditos de unos 2,900 millones de lempiras, incluyendo 2,400 millones de lempiras asignados por el Gobierno más parte de los fondos de un préstamo que dio el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a Honduras.
Menjivar señaló que los fondos provenientes del préstamo otorgado por el BCIE son para fortalecer la agroindustria hondureña y según los términos de este, esos fondos serán diferidos entre 2024 y 2025.
“Tendremos adicionalmente esos 42 millones de dólares, (equivalente a más de mil millones de lempiras, unos 500 millones por cada año), diferidos entre dos años, en total para 2024 estamos hablando de un aproximado de 2,900 millones para los productores del campo. Esas son buenas noticias”, expresó.
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La ministra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Laura Suazo, detalló a Proceso Digital que esta política busca fomentar un mejoramiento económico, social y ambiental de forma sostenible e inclusiva.
Nuevos cultivos están siendo invadidos
En junio pasado, cuando la presidenta Xiomara Castro, anunció la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, unas 36,451 manzanas de tierra estaban invadidas, seis meses después esa cifra ha aumentado en 12 mil manzanas.
Así lo reveló a Proceso Digital el asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Olvin Mondragón, “nosotros realizamos una encuesta en las empresas afiliadas y obtuvimos un dato de 48 mil manzanas invadidas”.
Las invasiones le están generando un daño al país, “hay una mala imagen, los inversionistas no quieren venir a Honduras porque no hay un respeto a la propiedad privada y en un país donde no se respeta la propiedad privada, prácticamente se puede convertir en una jungla”,
Las tierras invadidas incluyen las dedicadas al cultivo de arroz, maíz y a la ganadería, especialmente en la zona del litoral atlántico, ya para el Bajo Aguán el blanco son los cultivos de palma africana o bananeras, mientras que el sur lo referente al melón, okra, e incluso cacao, piña o rambután, como ocurre en la zona del Lago de Yojoa.
Los departamentos más afectados son Colón, Cortés, Atlántida, Yoro, Santa Bárbara, Comayagua, Francisco Morazán y La Paz, especialmente en Santiago de Puringla, que en ese caso es cosechas de café, reveló Mondragón.
Según la encuesta realizada por el Cohep, “las invasiones van dirigidas donde ven ellos que hay cosechas, donde se puedan lucrar, ellos no van a donde están tierras ociosas sino tierras en producción, roban la fruta y se van para otra finca”.
Mondragón dijo que el exsecretario de Seguridad, Ramón Sabillón, les indicó que en el Bajo Aguán había grupos de campesinos de Choluteca. “Cuando un grupo campesino necesita tierra, esta debería ser de la zona no de un extremo a otro”.
En otros grupos, el Cohep ha detectado que quienes dirigen estas operaciones andan en vehículos de último modelo y contratan a niños y ancianos para cuando se dan los desalojos, estas son las caras visibles ante la opinión pública.
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Según la resolución del Consejo Nacional de Defensa, en caso de conflicto debe existir conciliación de justiprecios pendientes de pago del decreto 18-2008 y asegurar la titularidad de la tierra y los grupos ocupantes, sin embargo a la fecha no se ha dado ningún caso de conciliación.
“Al inicio de la creación de la Comisión se dieron un par de desalojos y pensamos que esta irían actuando así porque ya habían órdenes de desalojos emitidas por los jueces de ejecución, entonces lo único que se hizo fue que se cumplieron, pero no se volvieron a generar más”, relató a referir que no a la empresa privada no se le ha invitado ni una vez a las reuniones de esa Comisión.
Con este panorama, el anuncio de un diálogo genera esperanzas para que la seguridad jurídica sea tomada en cuenta. VC
