Tegucigalpa – El informe preliminar recibido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, sobre las actuaciones de los miembros del Consejo de la Judicatura, demuestra la podredumbre en ese ente creado para mejorar la administración de justicia. Sumado a lo anterior desde el Congreso Nacional se habla de juicio político para los concejales y otros sectores coinciden que es urgente una transformación en ese cuerpo judicial.
– De agosto de 2015 a febrero de 2016 el Consejo nombró 166 empleados entre contratos, interinos y permanentes.
– En las últimas horas se denunció “la piñata” que hicieron los miembros de la Judicatura, especialmente en los últimos seis meses.
En septiembre de 2013 el Poder Legislativo nombró como concejales a Julio César Barahona, Francisco Quiroz, Teodoro Bonilla y Rolando Argueta, éste último solicitó permiso para ocupar el cargo de director de fiscales del Ministerio Público y en la actualidad es el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Además en aquella oportunidad se nombró como concejales suplentes a Liliam Maldonado y Celino Aguilera.
Desde ese momento el Consejo ha pasado situaciones turbulentas que en la actualidad hacen que los concejales pendan de un hilo. El último episodio es un informe presentado por la Mesa de Verificación -nombrada por el presidente de la CSJ- para revisar actuaciones de los miembros de la Judicatura en los últimos seis meses.
Las investigaciones dan cuenta que los cinco miembros del Consejo de la Judicatura durante 2015 ejecutaron cuatro millones 964 mil 548 lempiras, que equivale al 14.89 % de los viáticos totales del Poder Judicial.
El pleno de Concejales -sin la presencia del presidente de la CSJ Rolando Argueta- se reunió este miércoles para contestar las acusaciones que han sido objeto en los últimos días.
A propósito de esa reunión, Argueta manifestó que “oficialmente no podrían estar realizando un pleno del Consejo de la Judicatura porque sencillamente al tenor de la ley no ha sido convocado. No tengo informes sobre qué tipo de reunión están haciendo”.
Argueta no descartó que algunas de las decisiones de los concejales pudieran declararse “sin valor, ni efecto”.
Hallazgos de la Mesa Técnica
Entre los hallazgos, la Mesa de Verificación concluyó que las actuaciones del Consejo de la Judicatura pusieron en riesgo la administración de sueldos y salarios del Poder Judicial, al ejecutar instrucciones verbales y no con la formalidad y legalidad que este tipo de acciones requieren para efectuar movimientos salariales en la planilla de pago.
Además, se identificaron deficiencias en los procesos de reclutamiento, selección, análisis y clasificación de puestos y salarios, ya que se han realizado acciones que contravienen las normas, procedimientos y políticas que regulan la gestión del talento humano.
Se evidenció la carencia de controles internos en cuanto al pago de horas extras, no apegándose a lo establecido en el Reglamento de Ejecución Presupuestaria del Poder Judicial vigente, tal es el caso que 15 empleados han consumido 854 mil 908.30 lempiras durante el período en verificación.
Luego de la revisión de más de 300 expedientes de personal, se constató que carecen de la documentación soporte que debe ser parte del historial de cada empleado.
Durante el período de agosto 2015 a 11 de febrero de 2016, se contrataron 166 nuevos empleados, de los cuales el 33 % bajo la modalidad de empleados permanentes, 34 % interinos y el 33 % bajo la modalidad de empleados por contrato; el 75% de las nuevas contrataciones devengan el salario mínimo.
Asimismo, se observó que existen servidores judiciales con parentescos dentro del cuarto de consanguinidad y segundo de afinidad que prestan sus servicios en el Poder Judicial, contraviniendo lo establecido en el Código de Conducta Ética del Servidor Público.
Se identificó a funcionarios y empleados del Poder Judicial que se les otorgó el beneficio del bono navideño que no cumplen funciones de operadores de Justicia involucrados en la lucha contra el crimen en todas sus manifestaciones.
También se constató que existen funcionarios que fueron cancelados haciéndoles efectivas sus prestaciones laborales, y luego contratados incumpliendo lo establecido en el artículo 69 párrafo segundo del Reglamento de la Ley del Consejo de la Judicatura.
Desde el Congreso vuelven
a pedir cabeza de concejales
Varias son las voces parlamentarias que anunciaron que solicitarán la cabeza de los concejales de la Judicatura. Para el caso el diputado Walter Banegas, del Partido Anti Corrupción, demandó que el informe de la Mesa de Verificación sea presentado ante las distintas bancadas para tomar los correctivos que la ley ordena.
Agregó que el pleno del Congreso Nacional necesita saber sobre el contenido del informe para discutirlo, analizarlo y poder acelerar el juicio político contra los magistrados que lo integran.
Señaló que las revelaciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre el informe entregado por la Mesa de Verificación ha llamado la atención de todas las bancadas que exigen conocer el mismo.
“Esto solo nos confirma las peticiones hechas desde el año anterior por el PAC sobre el accionar de los miembros del Consejo de la Judicatura”, indicó.
Aseguró que buscarán el acompañamiento de todas las bancadas para que se aplique el juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura.
Ordenan medidas cautelares
para juezas despedidas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), autorizó medidas cautelares para las juezas María Dolores López y Nelly Martínez, ambas destituidas por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, informó la Asociación de Jueces por la Democracia.
El 21 de septiembre de 2015 fue despedida la jueza María Dolores López, en tanto Nelly Martínez corrió la misma suerte tres días después. De acuerdo al Consejo de la Judicatura, las profesionales del derecho cometieron faltas graves en el ejercicio de sus cargos.
El presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, Mario Díaz, recordó que cuando las juezas López y Martínez fueron despedidas por el Consejo de la Judicatura, se solicitó ante la CIDH que se les otorgarán medidas cautelares a las profesionales del derecho.
Continuó que la Comisión Derechos Humanos acogió la petición y autorizó las medidas cautelares para ambas exjuezas. “Se pidieron 10 medidas cautelares y estamos a la espera de conocer cuáles de esas va a admitir la Comisión Interamericana para informarle al Estado hondureño sobre el particular”, explicó.
Detalló que una de las medidas solicitadas es la restitución de las exjuezas porque se les violentaron sus derechos como empleadas del Poder Judicial.
