Ataque armado a sandinistas desata el temor en el norte de Nicaragua

Managua – Un ataque armado contra dos caravanas de sandinistas, que dejó 5 muertos y 19 heridos el día que celebraban el 35 aniversario de su revolución, ha desatado el temor en el norte de Nicaragua, un antiguo corredor de la guerra civil que se libró el siglo pasado.
 

Tras esa «masacre», como lo calificó el presidente del país, Daniel Ortega, se ha desatado una ola de persecución, detenciones y desapariciones de personas, de acuerdo con denuncias de organismos de derechos humanos, el Episcopado y partidos de oposición.

Esas denuncias han coincidido con la movilización de tropas del Ejército y de la Policía, que mantienen militarizada algunas de las comunidades del norte de Nicaragua, para dar con los responsables de ese ataque armado.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), no gubernamental y crítica con el Gobierno, ha denunciado la desaparición de al menos cinco personas después de esos hechos, la mayoría vinculados al Partido Liberal Independiente (PLI), principal de oposición.

Las autoridades mantienen bajo investigación a 19 personas, incluidas 14 que están detenidas en las celdas preventivas de la Policía, según ese organismo, que ha cuestionado a las autoridades por hacer uso excesivo de la fuerza y utilizar métodos que violan los derechos humanos.

En un comunicado difundido esta semana, el Episcopado nicaragüense señaló que le «duele y preocupa mucho la situación de persecución, detenciones injustas, desaparición inexplicable de personas, terror y muerte que se ha desencadenado en algunos municipios del país» tras esos «actos criminales».

«Los exhortamos a actuar en todo momento respetando los derechos humanos y sin utilizar ningún tipo de presión, intimidación, tortura y violencia, contra nadie», abogaron los obispos en el documento.

«Las autoridades cometen un error gravísimo si pretenden restablecer la justicia actuando de modo injusto y con métodos propios del terrorismo», agregaron.

Advirtieron de que, de ese modo, el Ejército y la Policía no sólo ponen en entredicho su profesionalidad, sino que engendran un clima de pánico, inseguridad y traumas dolorosos en muchas comunidades y familias, sobre todo en niños y jóvenes, por lo que consideraron que «es urgente poner fin a todo abuso de autoridad».

Desde el día siguiente a los ataques sandinistas, los habitantes de la zona norte de Nicaragua han denunciado la desaparición de familiares, a quienes les pierden el rastro hasta que la Policía los libera o los ponen a la orden de un juez.

El PLI, la mayor fuerza de oposición, denunció, además, que cuatro de sus integrantes fueron levantados de sus camas en horas de la madrugada esta semana y no han sabido de ellos, y que a sus afiliados en esa zona del país «los están persiguiendo».

El PLI también pidió a la institución que aclare el crimen de uno de sus líderes rurales, Carlos García, un exmiembro de la «Contra» quien fue asesinado en una finca de la norteña provincia de Jinotega una semana después del ataque a las caravanas sandinistas.

El jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, calificó como acto «meramente criminal» el ataque del pasado 19 de julio a caravanas sandinistas, al atribuir el hecho a delincuentes, más allá de «colores políticos», y asegurar que «no hay grupos armados» en el país.

Según la Policía Nacional, el ataque contra los simpatizantes sandinistas fue cometido por un grupo de delincuentes comunes a quienes, uno o varios desconocidos, les prometieron una paga por ello.

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