Tegucigalpa – Las organizaciones Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH), denunció este jueves restricciones que generaron discriminación, marginamiento, retención, actos de intimidación para evitar el acceso a la información, agresiones físicas, campañas y ataques personalizados contra periodistas durante los comicios generales.
– Durante el proceso electoral hubo restricción en la acreditación a más de 60 periodistas a quienes nunca se les restituyó su derecho, a pesar de las comunicaciones enviadas por JOPRODEH y ASOPODEHU.
– Las organizaciones resaltaron la pasividad de la Policía Nacional, en las protestas que se realizaron en San Pedro Sula y en La Paz la noche del martes 2 de diciembre.
Las organizaciones unieron esfuerzos para monitoreas el respeto a los derechos humanos durante el proceso electoral realizado el 30 de noviembre y resaltaron que es motivo de preocupación en materia de libertad de expresión y de prensa la hostilidad con que ha sido atacada y sufrido actos de discriminación la prensa durante este proceso.
Además de la exclusión de más de 60 periodistas no acreditados de forma arbitraria, se desarrollaron de forma impune agresiones físicas y campañas voraces contra periodistas y no hubo una respuesta inmediata y efectiva contra éstas, dijo durante una conferencia de prensa, la directora de ASOPODEHU, Dina Meza.
Señaló que el reporte de un comportamiento agresivo contra las y los periodistas por parte de los miembros de la seguridad, principalmente de funcionarios públicos y del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre).
Asimismo, reclamó la elaboración de perfiles desde las Fuerzas Armadas de Honduras, donde militares fueron instruidos para tomar fotografías a observadores y periodistas, “esto constituye un acto de intimidación y abuso de autoridad”, resaltó.
También se reportó la restricción de acceso en centros de votación para periodistas y observadores, se evitó el ingreso de periodistas y de observadores nacionales e internacionales, incluso en algunos centros de votación los observadores internacionales decidieron retirarse por su propia seguridad la que sentían amenazada dada la presencia de grupos agresivos de simpatizantes del oficialismo.
Hubo ralentización de la información después de las votaciones por la falta de difusión de resultados por varias horas lo que contraviene el derecho a la información, la transparencia y publicidad del proceso electoral y el acceso a la información por parte de la sociedad hondureña.
Jorge Jiménez, director de JOPRODEH hizo mención a la violación del silencio electoral, un acto permitido por la pasividad de las autoridades electorales frente a la desobediencia de los partidos políticos a la finalización de las campañas políticas, principalmente en las redes sociales donde incluso a horas de iniciar el proceso electoral se inundaron de publicidad partidista solicitando el voto a favor de candidatos en los tres niveles electorales.
“Asimismo, la candidata del oficialismo horas antes de las elecciones estaba arengando a la población a votar por ella”, señaló.
Jiménez dijo que la falta de condiciones óptimas persiste en los centros de votación para facilitar el libre ejercicio del sufragio, en algunos centros la aglomeración y el hacinamiento de la Junta Receptora de Votos (JRV) dificultaba un proceso ágil.
Además, los representantes de ASOPODEHU y JOPRODEH resaltaron las inexistentes condiciones para las personas con discapacidades físicas y de la tercer y cuarta edad, a quienes en muchos lugares se les vio obligados con dificultad a subir y bajar hasta dos o tres pisos por escaleras, de igual forma a personas en sillas de rueda.
Sobre los intentos de alteración del orden se reportó una cantidad mínima, sin embargo, “llama la atención la pasividad de los agentes policiales y militares en los lugares donde grupos de activistas del partido oficialista realizaron desordenes y pretendieron agredir a observadores nacionales e internacionales principalmente durante el conteo de los votos donde no les querían permitir tener presencia”, observó Meza.
Las organizaciones también recibieron denuncias de uso indebido de fondos públicos para pagar votos y señalaron reportes de presencia de empleados públicos que promovían el voto por la candidata oficialista y estaban pagando cierta cantidad de dinero en efectivo por el voto presidencial, el dinero que ofrecían podría ser del erario público.
También hicieron referencia a los disturbios de la noche del martes 2 de diciembre en San Pedro Sula, donde los protestantes denunciaron uso de recursos municipales para la compra de votos.
Ante estos incidentes, ASOPODEHU y JOPRODEH pidieron a las autoridades competentes iniciar de inmediato una investigación objetiva y exhaustiva para determinar si estos delitos se cometieron.
ASOPODEHU y JOPRODEH presentarán un informe final al Consejo Nacional Electoral (CNE), sustentado en el monitoreo permanente, recepción de denuncias y atención en campo antes, durante y posterior a las elecciones generales 2025. VC
