Tegucigalpa – El Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este miércoles una denuncia ciudadana ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por irregularidades en las compras de emergencia efectuadas por la Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) en el marco de la crisis sanitaria por COVID-19.
El ALAC, parte de la red global de Transparencia Internacional (TI), solicitó al TSC investigar los hallazgos de la auditoría social realizada por la ASJ a cinco procesos de compra efectuados durante la gestión de Marco Bográn, exdirector de Invest-H para la compra de: 450 ventiladores mecánicos pulmonares por 342.4 millones de lempiras, 250 mil kits de pruebas COVID-19 por 46.5 millones, equipo de bioseguridad para la Secretaría de Salud por 197 millones, 290 ventiladores mecánicos pulmonares por 231 millones y siete hospitales móviles de aislamiento y siete plantas de tratamiento de desechos médicos por 1 mil 186 millones.
Los resultados de estos procesos de auditoría social fueron plasmados en cinco informes presentados al público por el capítulo de TI en Honduras, en los cuales se refleja: falta de planificación de las compras decisiones arbitrarias, millonarios pagos anticipados sin garantías, inexistencia de penalidades por entregas tardías y otros riesgos de corrupción.
La ASJ solicitó la asignación de auditores con capacidad técnica comprobada, experiencia e independencia, para investigar los hallazgos presentados en los informes, considerando los graves perjuicios provocados por las acciones de Invest-H, los cuales trascienden lo patrimonial y económico, imposibilitando al Estado de Honduras garantizar la salud y la vida de cientos de miles de hondureñas y hondureños.
El TSC, como ente rector del sistema de control de los recursos públicos, debe cumplir con su mandato constitucional y apegarse a la ley, respetando el debido proceso y actuando de forma independiente e imparcial para asegurar que la persona o personas involucradas respondan ante la ley y la sociedad hondureña, deduciendo la responsabilidad administrativa o civil que corresponda, y en caso de encontrarse indicios de responsabilidad penal, remitir el expediente al Ministerio Público de manera inmediata.
Para evitar afectar la integridad de las investigaciones y la confianza de los resultados, ALAC llamó al magistrado presidente, Juan José Pineda Varela, a excusarse del conocimiento y participación en las actuaciones que surjan de la denuncia, así como en las decisiones a nivel del pleno. Caso contrario, procederá a solicitar su recusación al resto del pleno del TSC.
Asimismo, pidió la separación de los auditores que han ingresado al TSC a través de las influencias del magistrado presidente, ante cualquier conflicto de interés basado en parentesco o vínculo de amistad.
Los centros ALAC tienen presencia en más de 60 países, con el objetivo de facultar a las personas, familias y comunidades para denunciar la corrupción de manera segura. Además, brindan asesoramiento y apoyo gratuito y confidencial a las víctimas y testigos de corrupción, permitiéndoles hacer valer sus derechos, buscar reparación y defender la justicia, acceder a la información pública y demandar instituciones transparentes.