Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo en Honduras de Transparencia Internacional urgió este martes al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y al Ministerio Público a actuar con diligencia, transparencia e imparcialidad ante la denuncia pública sobre un posible desvío de fondos públicos para campañas políticas.
En ese sentido, la ASJ hizo un llamado directo a la ciudadanía a levantar la voz mediante la firma de una petición ciudadana que exige una investigación transparente, imparcial y diligente, y que defiende el uso responsable de los recursos del Estado.
Firma la petición aquí: https://forms.gle/pkA7rEGaAyv6GoDy9
Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ, expresó que esta práctica representa una forma de corrupción que atenta directamente contra el bienestar de la ciudadanía. “Hay una denuncia pública que debe ser respaldada por miles de hondureños. Es momento de exigir cuentas claras: son recursos del pueblo y deben utilizarse con integridad”, manifestó.
Durante décadas, en tiempos electorales se han desviado millones de lempiras a través de programas sociales y subvenciones disfrazadas, denunció Hernández.
“Son las mismas prácticas con distintos nombres. Funcionarios que usan su posición no para servir al pueblo, sino para beneficiar partidos o candidaturas. Eso no es política: eso es corrupción”, enfatizó.
El capítulo hondureño de Transparencia Internacional ha realizado diferentes investigaciones por más de una década sobre el uso de fondos públicos a través del denominado fondo departamental, conocidos hoy como subvenciones.
«En su momento mostrábamos con datos que desde el poder se hace eso, a través de programas sociales se han drenado millones de lempiras desde el Congreso Nacional y ahora uno puede entender la resistencia a no querer mostrar con transparencia cómo se usa ese fondo departamental que le cambiaron nombre, pero las prácticas son las mismas», dijo el representante de sociedad civil.
Asimismo, la organización cuestionó el papel de algunos organismos internacionales de crédito que desembolsan recursos en períodos electorales sin exigir controles adecuados. “La ejecución presupuestaria se dispara justo en campaña. Lo hemos demostrado antes y lo volveremos a hacer en un nuevo informe próximamente. Es indigno, antiético y no se puede seguir permitiendo esta complicidad”, afirmó el representante de la sociedad civil. IR
