ASJ halla “deficiencias” en compras de emergencia por COVID

Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), presentó este lunes en Tegucigalpa su informe de auditoría social durante la pandemia como parte de un acuerdo firmado el 16 de abril con la Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) en el que precisa de una serie de falencias, pero no irregularidades en la compras de emergencia realizadas por el Estado.

Las imprecisiones que señala el informe se resumen en decisiones rápidas, no hay penalidad en la entrega tardía de los productos comprados y la falta de un plan maestro para enfrentar la pandemia.

Razón por la que la ASJ exhortó a la construcción de una estrategia integral para enfrentar la pandemia del COVID-19 mediante la asignación de insumos, equipo y recurso humano necesario para garantizar el acceso de la población a atención sanitaria.

En ese sentido, el director de la ASJ en su capítulo de Transparencia Internacional Honduras, Carlos Hernández, destacó que actualmente este organismo de la sociedad civil ASJ evalúa cinco procesos de compra ejecutados por Invest-H y el Estado de Honduras.

Subrayó que de momento cuentan con el resultado de auditoría a dos procesos, pero en las siguientes semanas presentarán los informes correspondientes.

En ese sentido, precisó que han auditado la compra de 450 ventiladores mecánicos pulmonares por un valor de 13.8 millones de dólares correspondientes a 342.4 millones de lempiras.

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De igual manera, señaló han acompañado en el proceso de adquisición de 250 mil kits de pruebas COVID-19 por un costo de 1.85 millones de dólares, equivalentes a 46.5 millones de lempiras.

Al respecto, adelantó que en las siguientes semanas presentarán informes de:

-Compra de equipo de bioseguridad (USD 7.8 millones/L 196 millones)

-Adquisición 290 ventiladores mecánicos pulmonares (USD 9.3 millones/L 231 millones)

-Compra de siete hospitales móviles de aislamiento y siete plantas de tratamiento de desechos médicos (USD 46.9 millones/L 1,157 millones).

Para llevar a cabo estos informes fueron conformados cuatro equipos multidisciplinarios: uno en Estados Unidos y tres en Honduras, agregó.

Para verificar la calidad, expertos en Honduras y EEUU revisaron la información sobre los bienes comprados para verificar si cumplían o no con los requisitos para enfrentar la pandemia, añadió.

Entre los aspectos positivos durante el proceso enumeró que las pruebas fueron compradas a un precio de 7.50 dólares. También se cumplieron con la calidad y fechas de entrega prometidas.

Entre los hallazgos preocupantes refirió: “estos sin duda alguna tiene que ver con el problema estructural que hay en la Secretaría de Salud que yo inicié diciendo que en nuestras calificaciones hemos estado haciendo esfuerzos y apoyando su fortalecimiento”.

Los equipos de ASJ pudieron comprobar que la calidad de las pruebas es muy buena, igual que el precio y los tiempos de entrega prometidos, teniendo en cuenta el mercado internacional; pero no hay muestras de que ni Invest-H ni la Secretaría de Salud (SESAL) hayan comprobado estos aspectos antes de realizar la compra.

De igual manera, se compraron 250 mil pruebas rápidas que ya están en el país; sin embargo, no se pidieron ni los kits de extracción ni otros insumos necesarios para su uso.

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Aunque no está claro quién ni cómo se decidió la compra de estas pruebas, a este precio y con esta empresa, las decisiones fueron tomadas en cuatro días, lo que resumió como determinaciones rápidas y no acertadas.

En resumen se trata de falencias en el proceso de compras directas, pero no de irregularidades, por lo que Hernández -dijo- que no cuentan con evidencias para demostrar lo segundo.

No obstante, el informe sí señala aspectos como que no hay penalidades por entrega tardías ni garantías de calidad.

Asimismo, citó falta una metodología funcional y una estrategia integral o pan maestro para enfrentar la pandemia.

“Nuestro compromiso es que el Estado funcione y lo haga bien y que las autoridades hagan los correctivos y si hay irregularidades que los órganos contralores como el Ministerio Publico haga lo que le corresponde”, concluyó Hernández.

A continuación Proceso Digital reproduce el informe presentado por ASJ:

 

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