La denuncia de la ASJ, fue presentada mediante un informe proporcionado a la Sociedad Civil, en el cual se menciona el cambio de las medidas de prisión preventiva por arresto domiciliario.
La abogada y asesora legal de la ASJ, Ludin Ayala, informó que el proceso de supervisión en el Almacén Central de Medicamentos ha continuado, al mismo tiempo reveló que “las medidas de prisión preventiva fueron cambiadas para la mayoría de los imputados”.
Sin embargo, no especificó los nombres de las personas beneficiadas con el cambio de medidas y consideró lo anterior como “impertinente porque son personas que están acusadas por delitos graves para la ciudadanía”.
“Estamos hablando de las personas involucradas en el caso del Almacén Central”, reiteró la profesional del derecho al remarcar que “no estamos de acuerdo que se lleven estos casos de manera suave”.
Por lo anterior, Ayala solicitó al Ministerio Público tomar las acciones al respecto.
“Esperamos que el Ministerio Público cumpla su papel que sea una organización sin injerencia política sectaria, que sean representantes directos de la sociedad, asimismo la Procuraduría General de la República”, apuntó.
Las personas que fueron señaladas por presunto involucramiento en el extravío de fármacos del Almacén Central de Medicamentos fueron encabezadas por Maritza Isabel Ramírez Vásquez, ex jefa de esa unidad.
Asimismo, Marco Danery Figueroa Vallejo, Hernán Gerardo Rodríguez, Héctor Manuel Flores Canales, Cindy Karina Santamaría y Leonor Bonilla Landa (64).
Inicialmente, la ex jefa del Almacén Central de Medicamentos, Maritza Isabel Ramírez Vásquez (55) y el ciudadano, Marco Danery Figueroa Vallejo, quien se desempeñaba como inspector, recibieron un auto de formal procesamiento y fueron puestos en prisión por este caso.
Posteriormente, los otros dos imputados: Hernán Gerardo Rodríguez y Héctor Manuel Flores Canales, también fueron enviados a prisión.
Mientras que otra de las personas acusada identificada como Cindy Karina Santamaría, a quien le imputaban los delitos de abuso de autoridad y omisión en perjuicio del Estado de Honduras, recibió detención judicial, pero con medidas sustitutivas a solicitud del Ministerio Público.
Al igual que a Santamaría y por su edad, un juez determinó otorgarle arresto domiciliario a Bonilla Landa, por el delito de encubrimiento agravado.
Según lo informado, Bonilla Landa era la representante de una casa farmacéutica proveedora de medicamentos a la Secretaría de Salud.
