Tegucigalpa – El oficial jurídico de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), José Perdomo, consideró que el proceso judicial contra diputados y exdiputados de la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional podría sentar precedentes para la clase política hondureña, siempre que las acusaciones se sustentan en pruebas y se respete el debido proceso.
Señaló que el Ministerio Público ha presentado más de 21 acusaciones relacionadas con las actuaciones de la Comisión Permanente, órgano al que cuestionó por presuntamente exceder sus atribuciones constitucionales y actuar con discrecionalidad.
Detalló que entre los hechos figura la decisión de ese órgano legislativo de emitir una declaratoria relacionada con el recuento de votos, una atribución que correspondía a la autoridad electoral, específicamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), el nombramiento del fiscal general y el fiscal general adjunto, actuaciones que han sido objeto de cuestionamientos legales.
Manifestó que existen elementos que el Ministerio Público puede utilizar para sustentar sus líneas de investigación, pero corresponderá a la jueza natural, la magistrada Anny Ochoa, evaluar las pruebas y determinar si existen fundamentos para establecer responsabilidades penales.
Justicia sin revanchismo político
Perdomo advirtió que el proceso no debe convertirse en un instrumento de revanchismo político ni responder exclusivamente a intereses partidarios.
A su criterio, las investigaciones deben esclarecer los hechos y contribuir a recuperar la credibilidad del Ministerio Público y la confianza en el sistema de justicia.
Asimismo, dijo que es necesario investigar por qué las actuaciones de la anterior Comisión Permanente no derivaron en requerimientos fiscales durante la gestión previa del Ministerio Público, al señalar que el esclarecimiento de esos hechos es importante para garantizar que las investigaciones se realicen independientemente del partido político que ejerza el poder.
Debido proceso y medidas cautelares
Sobre la audiencia de declaración de imputados prevista para este jueves, explicó que los señalados deben conocer las acusaciones en su contra y ejercer plenamente sus derechos procesales.
Añadió que aunque según su valoración los delitos imputados no superarían los cinco años de prisión y ello limitaría la posibilidad de imponer prisión preventiva bajo determinados supuestos legales, el Ministerio Público podría solicitar otras medidas cautelares.
Reiteró que el desafío consiste en esclarecer los hechos, garantizar la igualdad ante la ley y evitar que los procesos judiciales relacionados con actores políticos queden marcados por la impunidad o por intereses partidarios. IR
