Existen tres formas de participación de las empresas dentro del espacio público, definidas por su limitación y regulación. En primer lugar, está el espacio libre, donde cualquiera puede brindar el bien o servicio (comercio, servicios personales, etc.), y el que como sociedad debemos aspirar sea el más extenso. Aquí el estado debe asegurar el cumplimiento a la ley general y el pago de impuestos. Los desafíos son la equidad fiscal (no debe haber privilegios ni penalidades impuestas) y la protección de la libre competencia.
Existe también el espacio de los sectores regulados. En estos, no cualquiera puede ser prestador de servicio. La limitación puede ser por motivos de acreditación profesional (medicina, derecho, etc.), confianza y riesgo (seguros, servicios financieros), u otros. La mayor función del estado en estos casos es mantener las barreras de entrada en un equilibrio entre la liberalidad (que puede poner en peligro al público) y la restricción (que puede limitar y encarecer la oferta).
El último espacio es el más restrictivo. Es donde el acceso a operar es limitado por condiciones de espacio físico o electrónico (generación hidroeléctrica, explotación minera, frecuencias eléctricas), de instalaciones restringidas (puertos, aeropuertos), o para garantizar inversión y nivel de servicio mínimos (transporte de pasajeros terrestre en todas sus formas). Este es el más difícil de manejar y por tanto requiere mayor atención y cuidado, ya que no es regulado por el mercado.
Debemos aspirar como sociedad a que la mayor proporción de actividades estén en los primeros espacios, ya que el tercero es donde se dan la mayoría de los vicios de clientelismo, corrupción, despilfarro y otros similares. Donde sea posible debemos asegurar que puedan participar la mayor cantidad de empresas y que el mercado decida. En ambos casos son empresas privadas las prestadoras del servicio, por lo que este no es un tema ideológico, sino más bien uno de protección al interés general.
Para estas licencias o contratos escasos debemos asegurar el interés público haciendo siempre que se hagan las asignaciones de forma competitiva, ya que de lo contrario el estado deja de percibir lo que en verdad vale el bien (dejándoselo a un particular). Esto puede incluir licitar públicamente la entrega del derecho por un periodo definido cuando su comercialización no es regulada por el estado. Esto incluye concesiones mineras, frecuencias y otros similares, en los que se debe recibir el máximo beneficio posible y no dejárselo al más rápido o más conectado.
Si se pretende que el costo del servicio sea regulado o aceptado por el estado, la variable de la licitación puede ser al precio que se daría el servicio. Por ejemplo, para una ruta de buses pueden ofertar varias empresas que reúnan requisitos mínimos, y se adjudican en base a precio final de usuario. Esto puede aplicar cuando es una cantidad limitada o única de proveedores simultáneos.
Si se trata de múltiples proveedores de un servicio general, se pueden estar subastando competitivamente los derechos. Por ejemplo, se podrían dar licencias de taxi a cinco años que se subastan un 20% cada año. Igual tendrían que mantener el nivel de servicio, ya que son revocables por incumplimiento. Los proveedores actuales siempre llevan ventaja al tener la experiencia y equipo requeridos, pero al disfrutar de un mercado protegido deben retribuir.
Un control adicional debe ser las renovaciones competitivas de estos bienes. El plazo debe de establecerse en el proceso inicial sin vincular a las condiciones de renovación. Al haber siempre una expectativa de crecimiento, solo un proceso competitivo nuevo garantizaría que la sociedad reciba lo justo. Siempre en esos casos hay que minimizar la rotación, lo que se logra aplicando a las renovaciones el costo promedio de licitaciones nuevas en condiciones similares. Esto solo aplica cuando hay múltiples operaciones para evitar colusión o cartelización.
El ordenamiento de la asignación competitiva de bienes escasos es un tema sumamente importante para nuestro desarrollo. Necesitamos que florezca la competencia y el espacio de iniciativas en un ambiente libre de favoritismos e ineficiencias.
