Washington– La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió en una rueda de prensa que todos los “extranjeros que estén en Estados Unidos más de 30 días deben registrarse con el gobierno federal, quien no lo haga será arrestado, multado, deportado y prohibido de regresar jamás”.
Esta declaración surge luego de que un juez federal aprobara la propuesta de la administración de Donald Trump para registrar a todos los migrantes presentes en el país, con la finalidad de tener un control total sobre la población extranjera.
Esta iniciativa fue respaldada por el juez Trevor Neil McFadden, quien explicó que se está cumpliendo con un requisito ya existente: todos los no ciudadanos deben registrarse ante el gobierno. Esta obligación entró en vigor ayer viernes.
Sin embargo, varios grupos han impugnado esta medida, argumentando que el proceso de registro busca facilitar el deseo de Donald Trump de llevar a cabo deportaciones masivas de aquellos que residen ilegalmente en el país.
Además, han expresado su preocupación por cómo ésta pueda llegar afectar a las personas que contribuyen a la economía estadounidense.
A pesar del debate y las críticas, el gobierno ha mantenido su postura firme e insiste en que todos deben realizar el registro correspondiente en la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
El 25 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional advirtió que aquellos que no lo hicieran podrían enfrentar multas o procedimientos migratorios. De este modo, la administración considera que no registrarse es un delito.
Demandas contra el gobierno
Un grupo de organizaciones proinmigrantes ha presentado una demanda contra el plan del Gobierno del presidente Donald Trump para exigir a los millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos que se inscriban en un registro y proporcionen sus huellas dactilares.
La querella legal presentada en un tribunal del Distrito de Columbia impugna una norma que exige que millones de inmigrantes se registren ante el gobierno federal y lleven consigo el comprobante de su inscripción en todo momento, según informó este martes la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
Los migrantes que no acaten esta exigencia pueden enfrentar un proceso penal con multas e incluso penas de cárcel, una imposición respecto a su condición migratoria actual, considerada un delito civil.
La medida busca en realidad presionar a millones de indocumentados que viven en Estados Unidos para irse del país por su propia cuenta.
“Este proceso es una redada masiva y una extensión de la campaña alarmista de la Administración Trump dirigida a inmigrantes con profundas raíces en sus comunidades y que contribuyen a la fortaleza y vitalidad de nuestra nación”, advirtió en un comunicado Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA.
La querella alega que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) incumplió las normas de procedimiento dado que la orden afecta a millones de personas y debió estar sujeta a los requisitos de notificación y consulta pública.
Además, advierten que la directriz está “redactada de forma confusa y su implementación causará caos”, por eso citan la poca claridad sobre qué categorías de inmigrantes se contabilizarán oficialmente como «registrados» y preguntan qué pasaría con inmigrantes amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) o la Acción Diferida (DACA). IR
