Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Oficialmente la campaña política arranca a partir de este 1 de septiembre, aunque la misma inició tiempo atrás, pero es en esta etapa en donde los partidos políticos y sus aspirantes en los tres niveles electivos tienen luz verde para iniciar la danza de los millones en gastos electorales y proselitistas. Solo a nivel presidencial el monto límite autorizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) es de 508 millones de lempiras, por cada aspirante presidencial.
En tanto a nivel de diputados (128 propietarios y suplentes) el monto estimado es de 585 millones y cerca de 500 millones a nivel municipal. En el nivel electivo para diputados los electores escogerán 256 parlamentarios propietarios y suplentes, en tanto en el nivel electivo municipal son 298 alcaldes con sus respectivas corporaciones municipales las que saldrán electas. Se habla así en términos generales de una campaña política electoral de más de 1,500 millones de lempiras según las cifras asignadas por el Consejo Nacional Electoral a través de la Unidad de la Política Limpia responsable de fiscalizar los fondos del financiamiento de campañas políticas.
La cifra es impresionante en un país en donde un poco más del 60 %de su población vive en condiciones de pobreza según datos del Instituto Nacional de Estadísticas. La población del país se estima en poco más de 9.7 millones de personas y de éstas más de 6.4 millones de habitantes no pueden adquirir lo mínimo de la canasta básica alimentaria, viven bajo la línea de la pobreza.
Con estas cifras entra el país a una nueva campaña política donde las cifras para financiar la apuesta por ser electo en uno de los tres cargos electivos que se disputan son millonarios y la procedencia donde los fondos para gastar esas millonarias y la procedencia de esas millonarias danza de millones se desconocen a ciencia cierta. La venta de banderines, las rifas y cenas, entre otras opciones para obtener no ajustan ni cuadran en función de conocer a ciencia cierta quién financia las campañas políticas.
Recientemente trascendió que, en una cena de recolección de fondos en San Pedro Sula, uno de los cinco aspirantes a la presidencia del país, recolectó más de 32 millones de lempiras. Algunos expresidentes de la República en declaraciones a medios hablan sin tapujos de esos montos millonarios que recogen en ese tipo de eventos, pero no rindieron cuentas, no estaba la Unidad de Política Limpia y ahora que ésta ha sido creada, el acceso a información de este nivel les sigue siendo limitada.
El dinero del narco en las campañas
En el marco de esas colectas es que aparecen como “aportantes de buena fe” los narcotraficantes como financistas de campañas. Sus aportes ahora son conocidos públicamente gracias a sus testimonios en cortes de Estados Unidos y a la circulación en el país de narcovideos negociando sobornos y otros conociendo de ofrecimientos, entre otros. En sus declaraciones a los medios de comunicación, los políticos y expresidentes señalados en los llamados sobornos del narcotráfico salen al paso argumentando que no sabían que eran capos pues les fueron presentados como empresarios de las zonas del interior del país interesados en contribuir con la democracia hondureña.
Pero en los diálogos con ellos sostenidos se habla de reparto de sobornos, la mitad para el partido, la otra mitad para el caudillo, el reparto del dinero en departamentos claves que les interesa ganar: Olancho, Santa Bárbara, Colón; así como el alquiler de helicópteros para movilizaciones durante la campaña política.
El poder de los barones de la droga se empezó a descubrir a raíz de esos testimonios, así como la penetración del crimen organizado del narcotráfico a escala trasnacional, que recuerda a Medusa, una bella sacerdotisa de la mitología griega que terminó convertida en una horrorosa serpiente y que todo lo que miraba lo convertía en piedra, y aunque le cortaran uno de sus ensortijados cabellos, éste se reproducía con facilidad. Así el narcotráfico en el país, una especie de Medusa a quien aún no se le corta la cabeza de tajo porque sus laberintos son oscuros y sus conexiones diversas.
El interés del financiamiento en la política por parte de los barones del narcotráfico no solo se centra en incidir en el Poder Ejecutivo y comprar lealtades y custodia al paso de la droga, a ellos también les interesa controlar los territorios locales para que su negocio florezca en paz, no despierte sospechas y poder moverse sin temores en las zonas donde dominan. El municipio de El Paraíso, Copán, es uno de los mejores ejemplos, pero también hay otros lugares en diversos puntos de la geografía nacional, donde los lugareños comentan de las fortunas y poder del caudillo local, pero no denuncian por temor a no vivir para contarlo.
En los comicios del 2021, los entonces responsables de la Unidad de Política Limpia estimaron que los costos de la campaña fueron superiores a los 1,700 millones de lempiras, pero nunca se conoció a detalle quién financió a los partidos políticos y a sus candidatos.
Las campañas se vuelven onerosas porque los presidenciables con mayores opciones se hacen rodear de asesores extranjeros que cobran altos honorarios, deben atender a sus bases que demandan fuertes drenajes de apoyo, comprar encuestas para ver sus números, la movilización en las concentraciones, la comida, el estipendio, la contratación de publicidad y propaganda, la elaboración de gorras, camisetas, entre otros gastos. Las campañas se vuelven onerosas.
Los fondos públicos y de la corrupción
De acuerdo con estimaciones de la Red por la Democracia con base a datos proporcionados por la Unidad de Política Limpia, un evento de 10 a 50 personas en la zona urbana puede andar por los 34 mil lempiras, si es de 50 a 500 personas anda arriba de los 197 mil lempiras, y si es de 500 a 5,000 mil personas, el costo supera los 891 mil lempiras. Todo ello solo a nivel urbano.
En las zonas rurales, un evento político de 10 a 50 personas oscila entre 9,500 lempiras, si es de 50 a 500 personas se gastan 63 mil lempiras y si es de 500 a 5,000 personas el costo es de 232 mil lempiras aproximadamente.
Pero no solo el financiamiento ilícito del narco entra en las campañas políticas, también los recursos procedentes de la corrupción y de los fondos públicos utilizados para promover a los presidenciables del partido político que en ese momento ostenta el poder. Las formas bajo las cuales se disfrazan esos montos y apoyos también se han dado a conocer en los medios de comunicación, en donde los programas de inversión social del gobierno y del Congreso Nacional constituyen los principales aportantes de las campañas del partido en el poder.
Los llamados Fondos departamentales, los Fondos de ayuda social, las subvenciones que otorga el Congreso Nacional son una de las formas más claras de corrupción pública y de financiamiento de campañas electorales: Pandora y Sedesol son algunos de esos ejemplos.
El Consejo Nacional Anticorrupción y la Asociación por una Sociedad más Justa son instancias civiles que se han dedicado a registrar, monitorear y denunciar esos desvíos de fondos públicos, que en época de campaña electoral se desbordan y se vuelen también más opacos, más cerrados a la obtención de información pública.
De acuerdo con el Observatorio de la Democracia de la Red por la Democracia, en lo que va del 2025, el gobierno de la presidenta Castro ha ejecutado en bonos sociales con fines propagandísticos de enero a julio un total de 702 millones de lempiras, en comparación con los 434 millones de lempiras en ese mismo período en el 2024.
La Unidad de Política Limpia que tiene en cartera una sanción para más de 1,700 aspirantes políticos que incumplieron con la Ley de Política Limpia en las elecciones primarias de marzo de 2025, sigue sin poder entrar al fondo del financiamiento de las campañas políticas porque amerita de reformas legales que siguen engavetadas en el Congreso Nacional.
Para estas elecciones generales del 30 de noviembre los reportes de la fiscalización del financiamiento de las campañas políticas debería estar orientado en aproximaciones estimadas en los siguientes niveles: monto y procedencia del dinero recibido por los partidos políticos y sus aspirantes en los tres niveles electivos de aportes lícitos privados; monto y procedencia del dinero recibido de campañas sucias de la corrupción y el narcotráfico; y monto y procedencia del dinero recibido que viene de los fondos públicos del gobierno. Con esos elementos y aproximaciones, el país podría tener una dimensión de quién financia una descomunal campaña de más de 1,500 millones de lempiras. (PD).
