Los abogados que representan al estado de Arizona piden en su apelación que se actúe con rapidez.
En un comunicado, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, afirmó: «hoy he presentado una apelación de urgencia para pedir al Tribunal que levante el bloqueo impuesto por la jueza Bolton contra ciertas provisiones de la SB1070 y que permita que esas provisiones entren en vigor mientras se deciden los méritos del caso».
Al tiempo que Brewer presentaba la apelación, la Policía detenía al menos a 40 manifestantes en las calles de Phoenix, capital del estado, que se concentraban contra la ley de inmigración.
En su dictamen el miércoles en Phoenix, la jueza Bolton ordenó el bloqueo de tres provisiones clave, incluida la obligación de los agentes de Policía a comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones.
También queda en suspenso la aplicación de otra sección que obliga a los inmigrantes a llevar encima siempre la documentación que demuestre que se encuentren de manera legal en el país.
Igualmente se suspende la sección que convertía en delito el que los inmigrantes indocumentados pidan empleo en lugares públicos.
Se calcula que en Arizona hay cerca de 460.000 inmigrantes indocumentados, la mayor parte de ellos hispanos. En todo EE.UU. se considera que residen doce millones de indocumentados.
