Esta idea fue planteada la semana pasada por el ministro de la Presidencia y hermano del presidente, Rodrigo Arias, pero es hasta hoy que Óscar Arias se manifiesta al respecto, pues se encontraba de gira por Asia.
«Esta es una idea que hemos venido conversando un pequeño grupo de gente: Rodrigo (Arias) y yo con algunos profesionales en derecho constitucional acerca de reformas importantes que este país merece para mejorar su gobernabilidad», dijo Óscar Arias en un comunicado.
El presidente agregó que «este es un país con un Estado esclerótico donde tenemos un montón de derechos sin ninguna responsabilidad y eso hace que el país no pueda caminar (porque) a veces se paralizan las cosas por el ánimo de paralizarlas para que el Gobierno no pueda actuar».
«Eso no es válido, no es parte de un sistema democrático», afirmó Arias.
Para el presidente, Costa Rica es un país «donde no se puede avanzar con la celeridad que los tiempos modernos nos exigen», por lo que las reformas a la Constitución «tienen que hacerse».
Sin embargo, dijo que «no hay nada definido» sobre la forma de aplicar los cambios, aunque aclaró que «si uno pudiera lograr las reformas que el Estado costarricense requiere vía reformas parciales (en el Congreso), ese sería el camino más fácil, más expedito».
El ministro Rodrigo Arias comentó la semana pasada que el Gobierno está abierto a iniciar un diálogo nacional con todas las fuerzas políticas y sociales, con la intención de impulsar los cambios y mejorar la gobernabilidad del país.
Las reformas irían dirigidas a «modernizar» la Carta Magna, redefinir el concepto de Estado, actualizar las relaciones entre los poderes, descentralizar el poder político y reformar el poder Judicial.
La reforma se puede llevar a cabo mediante un referendo o un acuerdo político en el Congreso.
De no concretarse la vía legislativa, el Gobierno impulsaría un referendo en 2010 para que la población decida si es necesario modificar la Constitución y entonces convocar a una asamblea nacional constituyente para redactar los cambios.
En las reformas, el ministro aseguró que no se tocarán asuntos esenciales en la historia del país como las garantías sociales o individuales.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el principal sindicato del país, rechazó de plano las reformas constitucionales al calificarlas como «neoliberales».
