Aprueban decreto para bloquear llamadas por celular desde interior de centros penales

Tegucigalpa – El Congreso hondureño aprobó en las últimas horas un ley que prohíbe la señal de llamadas de telefonía móvil desde los centros penitenciarios, al tiempo que anunciaron sanciones hasta de 20 millones de lempiras.
 

El diputado nacionalista Mario Pérez, miembro de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, informó que el decreto le ordena a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Honduras (Conatel), que realice acciones “de inmediato” para contrarrestar este flagelo que mantiene de rodillas a la población debido a las incesantes extorsiones que desde ahí se practican.

El congresista indicó que Conatel debe proceder en conjunto con los operadores de telefonía móvil “a desmantelar, las antenas de telefonía celular, que cubre o que permiten señal de celular, en los centros penales del país”.

Manifestó que la acción debe ejecutarse en un “plazo máximo entre 15 y 20 días”.

El congresista señaló que la señal en el lugar, se volverá a habilitar, “hasta que Conatel compruebe que ya están instalados los bloqueadores indestructibles en cada uno de los centros penales”.

Asimismo, reconoció que durante los días de bloqueo de señal, comprendido entre 15 y 20 días, las personas que viven cerca de los centros penales, obviamente serán afectadas, por lo que pidió comprensión.

No obstante, reiteró que desde el interior de los centros penales, “se ordenan extorsiones, asesinatos y otros tipos de delitos a través de los celulares”.

Pérez enfatizó que la sanción para las empresas que no acaten la disposición, alcanza hasta los 20 millones de lempiras, así como la pérdida de su contrato de concesión.

Igualmente advirtió a los funcionarios de Conatel, que pueden ser procesados por violación a los deberes de los funcionarios si no cumplen con el decreto.

Medida afectará a vecinos de los presidios

Por su parte, el diputado pinuista, Mario Rivera Vásquez, dijo estar muy preocupado ya que no existe la precisión tecnológica para delimitar el perímetro de un centro penal, de tal forma que en ciudades como San Pedro Sula, si se quita la señal de las antenas de celular, se verán afectados también los vecinos de ese recinto penitenciario.

Igualmente sucederá en Choluteca y otras ciudades donde las cárceles están muy cercanas a los vecindarios y en Támara donde está ubicada la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, también hay núcleos poblaciones alrededor.

Cuestionó que él trató de modificar ese decreto, pero “en el Congreso, en este momento, parece que están aprobando leyes que no dejen que nadie las critique, es decir, las aprueban a matacaballo porque a mi concepto, debería ser penado como delito, la portación de teléfonos celulares dentro de las cárceles y dejar solamente los teléfonos públicos con la reglamentación respectiva, de lo contrario con esa ley, también se verán afectados los vecinos de los centros penales”.

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