Asimismo, la innovación sugiere incluir al Código de Conducta Profesional y Ética del Servidor las acciones de los funcionarios consulares y la regulación de los derechos de pago por los servicios consulares solicitados.
En tal sentido, la reforma indica que todos los derechos consulares por servicios prestados por los consulados deben ser cancelados por medios de previo pago e ingresarán íntegramente a la Tesorería General de la República. Los pagos en efectivo quedan prohibidos.
El embajador de Honduras en Washington, Jorge Ramón Hernández Alcerro, uno de los principales auspiciadores de la iniciativa, participó en la sesión del pleno parlamentario e ilustró a los diputados sobre el tema. El diplomático además fungió como jefe de una misión de la OEA en materia de migrantes.
“El trato que les damos a miles de hondureños en algunos consulados no es el mejor, con excepciones, porque existe cónsules que sí atienden bien a nuestros compatriotas, pero algunos abusan. Queremos que el servicio que den sea de primera”, dijo Juan Orlando Hernández.
Honduras es el país con porcentaje del Producto Interno Bruto que más remesas recibe en el mundo, justificaron los entendidos en torno a la dimensión de lo fuerte que es para la economía hondureña el envió de las remesas.
El Decreto aprobado fue presentado por la Comisión Ordinaria de Relaciones Exteriores del Legislativo y subraya que queda terminantemente prohibido a los consulados realizar cobros adicionales a los derechos consulares.
Todos los mecanismos apuntados, más los servicios exonerados y las auditorias consulares, así como los demás aspectos necesarios para la eficiente prestación de todos los servicios y actuaciones consulares se regulará en el Reglamento del presente Decreto.
El reglamento debe ser emitido conjuntamente por las Secretarias de Relaciones exteriores y Finanzas dentro de los 60 días siguientes a la probación de la presente ley.
Para articular la presente iniciativa de ley, se designó al diputado Oscar Álvarez para que visitara todos los consulados en Estados Unidos con la finalidad de obtener la información más reciente y precisa que debería contener la ley.
