San José – El Gobierno de Costa Rica informó hoy que el apoyo del sector salud a la huelga sindical contra un reforma tributaria cayó al 2,2 % de los trabajadores tras un acuerdo firmado el pasado sábado.
«Para el pasado viernes se registraba un apoyo al movimiento de 3.491 funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), pero para este lunes se reportaban 1.063», indicó el Gobierno en un comunicado.
Según la información oficial, el apoyo a la huelga en la CCSS ha venido bajando con el pasar de los días y hoy se ubicó en el 2,2 % de los trabajadores, a diferencia del 22 % que se registró al inicio del movimiento el 10 de septiembre pasado.
Los dos principales sindicatos del sector salud firmaron el pasado sábado un acuerdo con el Gobierno para deponer la huelga y abrir espacios de diálogo, luego de que en días anteriores un juez de trabajo declarara ilegal el movimiento al tratarse de un servicio esencial para la población que no puede ser interrumpido.
Según los datos de la CCSS, alrededor de 100.000 citas médicas se perdieron y 3.600 cirugías tuvieron que ser pospuestas debido a la huelga.
El sector salud era uno de los pilares de la huelga junto al de educación, que son las dos áreas con mayor cantidad de trabajadores en el sector público.
El sector de educación mantiene en huelga a cerca del 70 % del personal y solo la mitad de los centros educativos abiertos, pero con diversos niveles de afectación.
Los tribunales de trabajo aún no se pronuncian sobre la legalidad de la huelga en el sector educativo.
Hasta el momento, los juzgados de trabajo han declarado la huelga ilegal en 14 instituciones públicas y legal en dos, de un total de 32 entidades que acudieron a la vía judicial.
Luego de que el pasado viernes el Congreso aprobara en primer debate la reforma fiscal, los huelguistas se concentraron hoy frente al Poder Judicial para exigir la inconstitucionalidad de la iniciativa tributaria.
El proyecto irá a revisión de diversas instituciones, incluida la la Sala Constitucional, de cuya resolución dependerá si los diputados pueden darle segundo debate a la iniciativa fiscal.
Según el Gobierno, la reforma busca recaudar recursos frescos equivalente a cerca del 1,2 % del producto interno bruto (PIB) para estabilizar las finanzas y paliar el déficit proyectado al 7,1 % del PIB para 2018.
El plan convierte el impuesto de ventas del 13 % en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y, de manera diferenciada, algunos productos que antes estaban exentos.
También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.
El Gobierno asegura que el 80 % de la recaudación del plan fiscal recaerá sobre el 20 % de la población de mayores ingresos, mientras los gremios creen que golpeará en mayor medida a las clases bajas y medias.
