Guatemala – La audiencia de etapa intermedia programada para el lunes 18 de enero contra el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de corrupción, se aplaza sin fecha definida, según dijeron hoy a Efe fuentes judiciales.
De acuerdo a las mismas fuentes, esta diligencia fue pospuesta porque el juez encargado del caso, Miguel Ángel Gálvez, tiene que resolver antes otras peticiones judiciales, que podrían dilatar el proceso hasta el próximo mes de febrero, cuando se conocerá si los dos altos exfuncionarios deben enfrentar un juicio en su contra.
Pérez Molina, que guarda prisión preventiva en la Brigada Mariscal Zavala, y Baldetti, internada en un hospital privado por una infección, están acusados de liderar «La Línea», una red de corrupción aduanera que defraudó millones de dólares al Estado.
La audiencia de etapa intermedia, en la que se conocerá si los dos exaltos funcionarios deben o no enfrentar un juicio oral y público, estaba fijada para el lunes 18, al igual que la de otros sindicados en este caso.
Sin embargo, fuentes consultadas por Efe señalaron que antes el juez debe decidir si Baldetti, ingresada en el sanatorio privado Valle del Sol desde el 6 de noviembre pasado debido a una infección de la bacteria Klebsiella Oxycota, que le provoca constantes diarreas, sale o no del hospital.
Baldetti, detenida el pasado mes de agosto, fue recluida inicialmente en el Cuartel Militar Matamoros, pero luego fue enviada a la cárcel de mujeres Santa Teresa, en la periferia norte de la capital, en donde estuvo pocos días antes de ser hospitalizada.
El expresidente y su exvicepresidenta están acusados por la Fiscalía, con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de ser los cabecillas de una red de corrupción aduanera conocido como «La Línea», desarticulada el 16 de abril de 2015.
Ambos, que gobernaron Guatemala entre 2012 y 2015, han sido acusados de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.
De acuerdo con la investigación de ambas entidades, la red operaba en la Superintendencia de Administración de Impuestos (SAT), el ente tributario del país, con la complicidad de al menos 49 personas, y se apoderó del pago de impuestos de más de 1.500 contenedores de productos importados entre 2014 y 2015.
Según las investigaciones preliminares, la estructura pudo haber defraudado unos 28,55 millones de quetzales (unos 3,7 millones de dólares) y de lo sobornado, el 50 % fue para Pérez Molina y Baldetti.
Las fuentes judiciales también explicaron a Efe que Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, estudia la posibilidad de que el empresario Salvador Estuardo González, alias «Eco» y quien guarda prisión preventiva por el mismo caso, pueda ser un «testigo protegido» en la instrucción judicial.
González aseguró en su comparecencia ante el juzgador, a principios del mes de octubre, que los líderes de la estructura criminal eran Pérez Molina y Baldetti, que además recibían el 50 por ciento de los sobornos.
Según el empresario, él entregaba al exsecretario privado de Baldetti Juan Carlos Monzón, también en prisión preventiva por esta trama, el dinero en efectivo que recibía de los miembros de la red.
