Tegucigalpa – La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), llevó a cabo un conversatorio sobre violencia e impunidad en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés; durante la jornada, en la que participaron dirigentes de las organizaciones de sociedad civil de la Zona Metropolitana del Valle de Sula (ZMVS), se hicieron públicos el informe de muertes violentas elaborado por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y el informe sobre Impunidad en Homicidios hecho por la Unidad de investigación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Entre los datos más relevantes del informe, se destaca que las muertes violentas disminuyeron en el país de 6 mil 757 en 2013 a 5 mil 936 en 2014, sin embargo, los niveles de impunidad continuaron elevados, a tal extremo que solamente 4 de cada 100 homicidios terminan en sentencia condenatoria, para un 96% de impunidad.
Las presentaciones de estos informes que estuvieron a cargo de Omar Rivera y Joel Hernández, representantes de la APJ, también establecieron que de las seis ciudades con mayor número de homicidios, la región del Valle de Sula, cuenta con cuatro de ellas, destacándose San Pedro Sula (1080), El Progreso (241), Choloma (209) y Villanueva (123).
Omar Rivera, Coordinador de la APJ, dijo que “a pesar que hubo un descenso en el número de homicidios y en la tasa de estos por cada cien mil habitantes, el hecho que no se reduzcan los elevados niveles de impunidad, no hacen sostenible esta tendencia”; Rivera, aseguró que “el talón de Aquiles de la seguridad en Honduras, es la investigación criminal, ya que apenas el 9% de los homicidios son investigados por las autoridades correspondientes, lo que obstaculiza la presentación de suficientes requerimientos fiscales y la realización de los juicios pertinentes”.
En los últimos tres años (2014-2012), se cometieron en Honduras, 19 mil 404 homicidios, de los cuales, menos de 800 llegaron a juicio oral y público, y recibieron el justo castigo.
El experto Joel Hernández, indicó que ven acertada la decisión del gobierno de la República de iniciar un proceso de reforma de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y la puesta en funcionamiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), del Ministerio Publico (MP), sin embargo, estas iniciativa requieren suficiente apoyo logístico, financiero y técnico sostenible, para lograr el éxito deseado, y asignar suficientes agentes a zonas con elevados niveles de violencia y crimen, tal es el caso de San pedro Sula y los demás municipios del Valle de Sula”.
