Tegucigalpa – Debido a la falta de soportes contables derivados de auditorías del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el Congreso Nacional solicitará a la Secretaría de Finanzas detener el pago de 1 mil 500 millones de lempiras por concepto de adquisición de medicamentos en las últimas administraciones del sistema sanitario público.
El diputado nacionalista, Francisco Rivera, manifestó que solicitará al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, detener el pago de 1 mil 500 millones de lempiras a los proveedores de salud, si éstos no tienen una firma autorizada por el Tribunal Superior de Cuentas.
Argumentó que la suspensión del pago no abarca de 2014, ya que en este período las licitaciones se han generado de forma transparente.
Señaló que el problema se genera desde 2005 en la administración de Manuel Zelaya, la administración interina de Roberto Micheletti y la de Porfirio Lobo Sosa.
Agregó que el año pasado se demandó que no se realizaran compromisos si no había un soporte de pago o un renglón presupuestario.
“No sabemos si estas deudas son reales o ficticias o verdaderamente ha imperado la corrupción en estos años”, indicó.
En ese sentido, la magistrada del Tribunal Superior de Cuentas, Daysi Oseguera de Anchecta, señaló que una auditoría integral que se realiza a la Secretaría de Salud se encuentra paralizada ante la falta de compromiso de las autoridades ya que en reiteradas ocasiones se les ha solicitado la documentación y no han recibido una respuesta favorable.
Agregó que la auditoría que se realiza al Almacén Central de Medicamentos se programó para ocho meses y el fin era verificar la adquisición de medicamentos por un monto de seis mil millones de lempiras.
“¿Cuál es el programa que tenemos ahorita?”, preguntó, acto seguido explicó que a pesar que insistentemente se han mandado oficios a la Secretaría de Salud para conseguir la información y establecer la causa de la responsabilidad civil a estas alturas no ha podido dar la información requerida.
Aseguró que existen lotes de 10 mil millones de medicamentos que no se pueden establecer de qué tipo de licitación salieron o quién ordenó la misma, para comprobar la responsabilidad de la persona que la autorizó.
Anchecta señaló que de no tener en nuestro poder la documentación para soportar la causa, difícilmente se puede poner un pliego de responsabilidad o el informe penal que se pueda derivar del mismo.
Sostuvo que la auditoría que se realiza es para poder determinar quienes autorizaron la compra de esos seis mil millones de lempiras en medicinas y en qué administración se realizó para poder deducir la responsabilidad penal.
De su lado, la ministra de Salud, Yolani Batres, dijo que su comparecencia fue para explicar el desarrollo de la ejecución financiera, donde han tenido buenos resultados, aunque se debe acelerar la marcha en un trabajo que conlleva procesos y mecanismos transparentes que van a cambiar la cara de ese ministerio.
Reconoció que el 81 por ciento de los recursos se destinan a transferencias y pago de recurso humano, pero que en su gestión busca invertir en el recurso humano, que sea más eficiente y trabajar por la salud del país.
En cuanto al déficit que arrastra esa dependencia, arguyó que se tienen muchas deudas que están documentadas desde 2005, tanto para pago de prestaciones y a proveedores, pero pretender honrar la misma habría que cerrar esa secretaría.
Detalló que la deuda total es de 1 mil 517 millones 146 mil 297 lempiras y se desglosa así; al personal por pago de cesantías desde 2004 se debe 78 millones 177 mil 662 lempiras, pero en el presupuesto actual sólo había 50 millones de lempiras de los que se ha ejecutado el 48 por ciento, en el pago a auxiliares de enfermería y otro recurso humano.
