Tegucigalpa- Con suma preocupación la Coalición de observación electoral no partidaria, más conocida como Observación N-26, al conocer por los medios de comunicación la denuncia interpuesta por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ante el Ministerio Público, referente a los cuantiosos contratos con supuestas irregularidades otorgados entre 2009 y 2013 por las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a varios proveedores, emite una nueva alerta ciudadana.
Estas empresas, fueron determinantes en la conducción de los procesos electorales de 2009 y 2013 y todo apunta a una extensión de sus contratos para los comicios generales de noviembre de 2017. Las empresas señaladas son Mapa Soluciones; Instalaciones Eléctricas; Redes de Datos y Telefonía, S. de R.L. (Intelred), Empresa Geotech y Corporación Majo S.A. de C.V., todas ellas relacionadas entre sí y con vicios de ilegalidad en su conformación constitutiva.
La denuncia debe ser motivo de profunda preocupación para los operadores de justicia en particular y la ciudadanía en general, porque pone en juego la legitimidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la credibilidad del proceso electoral, porque cuestiona a la empresa responsable de transmitir desde el 2009 los datos y resultados de las elecciones.
A cinco meses de los comicios generales, Observación N-26 considera que es tarea del TSE y de la clase política, dar señales claras de que se quiere contar con un proceso transparente y legítimo.
Esa claridad pasa por otorgar total independencia a los operadores de justicia, en este caso al Ministerio Público, para investigar esta grave denuncia producto de un trabajo de meses efectuado por el equipo técnico y de investigadores del Consejo Nacional Anticorrupción, organismo a quien celebramos su compromiso democrático y ofrecemos nuestro total respaldo en sus acciones anticorrupción
Observación N-26 espera que ante la gravedad de la denuncia, el Ministerio Público actúe con la urgencia nombrando un cuerpo de investigadores independientes, para que realicen una pronta y transparente investigación del caso, y asi evitar que esta caiga en los archivos de la impunidad y se generen más sombras sobre la institucionalidad.
Es preocupante que a cinco meses de los próximos comicios, exista una incertidumbre sobre la transparencia del proceso y se profundice el riesgo de no tener certeza sobre la transmisión de datos y resultados -tema mas sensible en el proceso electoral -, lo cual debilita la legitimidad del proceso y profundiza los temores sobre la fragilidad democrática electoral.
