Según el subprocurador, Ricardo Rodríguez, uno de los sustentos jurídicos más fuertes de la comisión radica en que Zelaya firmó la denuncia ante la CIDH como presidente de la República y los restantes seis ex funcionarios en calidad de secretarios de Estado, y el organismo internacional de derechos humanos sólo atiende a las víctimas de las presuntas violaciones a título personal.
“La CIDH se ha caracterizado por no tomar en consideración peticiones de presidentes, ministros y funcionarios públicos”, dijo el funcionario.
“No sé de qué manera están actuando, pero consideramos que la CIDH, con todo el respeto que se merece, no está actuando con base en sus principios”, manifestó el subprocurador.
Rodríguez considera que esa denuncia debió ser desestimada automáticamente porque lo establece el mismo reglamento de admisión de denuncias del organismo.
Además de la contestación que el Estado debe darle a la CIDH antes del 2 de abril, la comisión de defensa del país elabora un documento especial sobre los hechos ocurridos en torno al 28 de junio de 2009 que también será enviado a la Comisión Interamericana.
Por su parte, Rigoberto Espinal Irías, representante de la Fiscalía en la comisión interinstitucional, dijo que continúa observando con preocupación las acciones del ex presidente Zelaya y del resto de denunciantes ante la CIDH.
“Siempre le están causando daño al país, he leído algunos documentos en que estas personas aseguran que no pueden gozar de absoluta libertad y seguridad en nuestro país, pero aquí pueden caminar libremente, eso si, sí la justicia los requiere%26nbsp; deben responder”, explicó Espinal.
Sobre las declaraciones del presidente Porfirio Lobo con relación a que Zelaya puede venir cuando quiera y ser tratado con dignidad, Espinal indicó que %26nbsp;“el retorno de Zelaya significa que la justicia hondureña tendrá la oportunidad de dar su veredicto sobre los casos que se le imputan, si hay órdenes de captura, se procurará ejecutarlas”, indicó.
%26nbsp;“Si hay cuentas pendientes por malos manejos administrativos o desviación de fondos, eso no es persecución política, son acciones legales que se están haciendo en beneficio de la sociedad”, concluyó Espinal.
