Por: Víctor Hugo Álvarez
Tegucigalpa.- La institucionalidad hondureña desde hace tiempo viene enfrentando el peor de los males que le pueden suceder al haber perdido la confianza y la credibilidad del pueblo al que deben servir y para lo que fue creada y se fue diversificando en busca del bien común.
Uno de los fundamentos de la paz, el desarrollo y el afianzamiento democrático en una sociedad es el fortalecimiento institucional para que su actuar beneficie al pueblo al cual están llamados a servir, pero en Honduras ese proceso de crecimiento acompañado de credibilidad parece involucionar.
La ciudadanía hace tiempos viene manifestando su creciente desconfianza sobre todo en instituciones llamémosles sensitivas como el Tribunal Supremo Electoral y las encargadas de impartir justicia a las cuales van ligados los cuerpos de investigación y protección de la ciudadanía como la policía. Pero esa desconfianza las abarca a todas en mayor o menor medida.
La percepción popular es que esas entidades son parcializadas y no cumplen la función para las cuales fueron creadas y esa perspicacia es mayor en campo de la aplicación de la justicia siendo el poder judicial el más cuestionado no de ahora, sino desde hace mucho tiempo.
La desconfianza ha crecido lenta y silenciosamente, pero ahora se ha vuelto un clamor de grandes proporciones a raíz de los últimos casos en se ha visto envuelto el poder judicial. Por ello, el caso del joven estudiante universitario Kevin Solórzano, se convirtió en una oportunidad no despreciable para expresar la incomodidad popular por el actuar de los entes encargados de aplicar la justicia.
No nos toca juzgar la culpabilidad o inocencia del joven Kevin y el fallo dictado por el tribunal correspondiente, pero la inmediata respuesta de grandes sectores poblacionales ante esa sentencia evidencia sin lugar a dudas, el descontento popular por la decisión judicial, por considerarla sesgada
Los argumentos sobran ante ese resentir de la ciudadanía y no sólo se trata que el caso se tornó mediático, que la opinión pública fue bombardeada para dar una imagen de inocencia del joven acusado y ahora sentenciado o cualquier argumento que se pueda dar.
Las cosas van más allá y el pueblo comienza a manifestar su descontento con la institución judicial cuyo actuar no ha estado a la altura de las aspiraciones populares en la impartición de justicia.
Los tribunales son cuestionados, se denuncia prevaricatos y un actuar lento de los órganos jurisdiccionales que han permitido la acumulación de la mora judicial. La mayoría de los crímenes que a diario se comenten en el país no son judicializados por lentitud de las instituciones de realizar las investigaciones pertinentes y campea la impunidad.
Todos esos factores han hecho que el pueblo desconfíe del actuar de la justicia hondureña y vea sin claridad la sentencia condenatoria del joven Kevin Solórzano, más haya si hubo o no manipulación mediática del caso.
No hay precedentes de protestas populares masivas ante una sentencia de un tribunal, como en el caso de Kevin y ese descontento no necesita mayores explicaciones. No le cayó bien a la población que los jueces desestimaran las pruebas científicas y valoraran sólo las testimoniales, porque el antecedente de incredulidad en la recta aplicación de la justicia se disparó inmediatamente provocando la respuesta masiva de condena ante esa decisión.
Quienes desde el poder quieren desviar la atención de la opinión pública hablando de manipulación mediática en el caso de Kevin Solórzano, equivocan su visión, pues la mirada debe dirigirse más al interior del poder judicial que a lo externo.
Al poder judicial se le acusa de estar politizado, parcializado y en este caso de haberse inclinado a esconder con su sentencia la debilidad de los argumentos de la fiscalía y de los otros órganos de investigación.
Se le acusa de todo, menos de hacer justicia y es ahí donde debe dirigirse el actuar para recobrar la credibilidad institucional. Los juzgados fueron creados para impartir justicia, para garantizar la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana, para preservar el derecho y mantener la armonía.
En el imaginario colectivo gravita la mala imagen del poder judicial: prevaricato, politización, lentitud en el actuar, y muchos males más, que impiden la credibilidad en esa institución y lo que es por dañan la democracia e impiden el desarrollo de la nación en un clima de paz y armonía donde la vida del ciudadano, sus reclamos ante la justicia y la aplicación de la misma estén garantizados.
Es tiempo de tomar las cosas en serio y más que culpar a los medios de comunicación como generadores de una opinión pública contraria a las sentencias, es hora de pensar en serio si lo actuado en los últimos años ha servido para fortalecer o desmoronar la institución judicial.
