México.- Luchar por una vida digna para todos y mirar al otro con igualdad son los dos valores que a la abogada mexicana Alejandra Ancheita le inculcaron desde niña en su casa.
«Eran dos principios muy concretos», dice quien hoy en día es una de las abogadas más combatientes por los derechos de los desfavorecidos en México, en una entrevista con Efe con motivo de la campaña «25 líderes, 25 voces por la infancia» lanzada por Unicef para conmemorar el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se cumple el próximo 20 de noviembre.
Ancheita está nominada a uno de los premios más prestigiosos en el área de los derechos humanos, el Martin Ennals, que otorgan diez grupos, entre ellos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y cuyo ganador se conocerá el próximo 7 de octubre.
De la mano de su Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), creado en 2005, esta abogada se dedica a litigar contra grandes empresas que violan los derechos laborales, los de los migrantes o los de los indígenas.
Hija de un abogado que se dedicó a defender a los más débiles frente a los poderosos y murió en circunstancias nunca totalmente aclaradas el día en que ella cumplió ocho años, Ancheita ha sido blanco, como su padre, de amenazas e intimidaciones.
En su trabajo, ha identificado que las violaciones a los derechos laborales afectan a toda una comunidad y que también los niños acaban sufriendo las consecuencias.
PREGUNTA: ¿Qué importancia ha tenido la Convención sobre los Derechos del Niño en Latinoamérica? ¿Cree que ha servido para mejorar los derechos de los niños de esta región?
RESPUESTA: Yo creo que sí, que ha sido un aporte muy importante para identificar la necesidad de mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo inclusive para los menores, niños de América Latina. (…) Con la Convención, el aporte que otorgan para los niños es la visión de que son sujetos de derecho, es decir, no necesariamente implica que tienen que depender de sus padres para que tengan el derecho a una vida digna, a una identidad, a una nacionalidad, a una seguridad. (…) La Convención recoge todos esos derechos y, además de que los recoge, también establece las obligaciones que tienen los Estados para que esos derechos se puedan ejercer y aseguren un proyecto de vida integral para esos niños y no se quede solo en el ámbito privado.
P: ¿Cree usted que los gobiernos la han aplicado correctamente?
R: Yo creo que al menos en el caso de México hay una serie de evidencias que nos dicen que no se ha podido aplicar de una manera cabal o exitosa. En el caso del tema que ProDesc trabaja, que son los derechos humanos y laborales, podemos identificar que por lo menos en México el trabajo infantil es una situación del día a día.
El trabajo infantil en condiciones casi de servidumbre o de esclavitud, que tiene que ver con la imposibilidad de que los niños desarrollen su derecho a la educación, a la salud y su derecho a una vida digna.
P: ¿Qué opina del problema de los niños migrantes centroamericanos que viajan solos hacia Estados Unidos?
R: Me parece que es una falla estructural gravísima que tienen los Gobiernos de todos los países involucrados. La reunificación familiar es una deuda que tienen con estos niños y además es una deuda que tienen con lo que serán estos niños y lo que significará para estas generaciones toda la desintegración familiar.
P: ¿Qué cree usted que supone el aniversario de los 25 años de la Convención?
R: Es una oportunidad para las organizaciones de la sociedad civil para identificar de nueva cuenta cuáles son las cosas que se tienen que mejorar en la implementación y en el cumplimiento por parte del Gobierno mexicano.
P: ¿En dónde debería ponerse el acento a partir de ahora?
R: El Gobierno mexicano y otros en América Latina tienen que poner una atención muy especial y un énfasis muy claro en garantizar el derecho a la seguridad de los niños y el derecho a la educación, para poder dar una posibilidad de vida digna en la medida en que ellos vayan creciendo y evitar también situaciones de violencia, no solo en sus casas, sino la estructural que implica que tienen que salir de sus propios países.
