Tegucigalpa – En vista de los fracasos en el sistema de impartición de justicia del país, el analista, Juan Ramón Martínez, propuso la creación de una escuela universitaria para jueces ya que actualmente, los togados actúan, sin competencias éticas y hasta con temor a la hora de aplicar la ley.
 

Destacó que actualmente hay un deterioro general en la sociedad hondureña y los valores tradicionales del área rural han sido suprimidos por valores urbanos en donde lo que hace falta es el resultado y no importa la forma en lograr ese resultado.

Refirió que asimismo, el país continúa improvisando jueces y no todos los profesionales del derecho están en la capacidad de ser jueces. “Yo estudie derecho en la universidad, pero siento que no estoy calificado para ser juez”, argumentó Martínez.

En ese sentido, recomendó crear una escuela universitaria para que personas con méritos iníciales puedan desarrollar competencias éticas, se eliminen temores a actuar mal, sabiendo que la justicia los va a denunciar, que los medios de comunicación los va a exponer a la vergüenza pública.

“Necesitamos entonces que no cualquiera sea juez; en este momento cualquier egresado de la facultad de derecho con tal de que tenga recomendación de algún magistrado, de algún diputado o de alguno de esos políticos que dirigen el país, vía telefónica, creen que están calificados para ser jueces”, señaló.

Apuntó que la jueza de jurisdicción nacional en Trujillo, Colón, María Elena Fonseca Cruz, quien está encarcelada acusada por los delitos de abuso de autoridad y prevaricato por liberar arbitrariamente al narcotraficante hondureño Alex Adán Montes Bobadilla, quien guardaba prisión por el delito de asesinato en perjuicio de dos policías, admitió una constancia médica de un profesional que no le constaba su especialidad y además le habla de una enfermedad terminal, pero el preso goza de una boyante salud.

En ese sentido, calificó que se trata de una jueza a la que le hace falta capacidad para identificar lo que es bueno y lo que es malo y por eso no debe ser juez. “Es una crisis general de la burocracia estatal y policial, es un problema de falta de autoridad, de legitimidad y de compromiso ético de las personas que desempeñan cargos en esos niveles para honrar el respeto que se merece el pueblo hondureño para aplicar y cumplir la ley”, puntualizó.