Tegucigalpa – La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales, advirtió este martes que el gasto público en salarios se ha convertido en un factor crítico para la sostenibilidad fiscal del país, y exhortó a las autoridades a hacer una revisión urgente del mismo, en función de la eficiencia, productividad y realidad económica de Honduras.
Canales señaló que en 2023 se destinaron 95 mil millones de lempiras al pago de sueldos, cifra que aumentó a 98 mil millones en 2024 y se incrementó aún más en 2025, con una asignación de 104.2 mil millones. “Esto implica que, de cada 100 lempiras del presupuesto, 24 centavos se van al pago de salarios. Es un porcentaje elevado que no corresponde con los niveles de productividad ni con las condiciones del país”, dijo.
La economista remarcó que este ha sido uno de los puntos más sensibles en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no solo con el actual gobierno, sino en administraciones anteriores. “El gasto en salarios debe ser objeto de una regulación estricta. La Ley de Servicio Civil debería servir como norma fiscal que establezca techos salariales, especialmente cuando hay funcionarios ganando cifras que están fuera de todo promedio razonable”, criticó.
Canales fue enfática al mencionar que “no es justo que en un país donde 6 de cada 10 hogares son pobres y 4 están en extrema pobreza, se mantengan privilegios salariales en instituciones del Estado sin justificación técnica ni fiscal”. También hizo un llamado a fortalecer el rol del Servicio Civil para controlar y fijar parámetros de remuneración que se ajusten a la realidad económica nacional.
“Se requiere voluntad política, ética y compromiso con el pueblo. No se puede seguir normalizando un gasto oneroso y desproporcionado, mientras la mayoría de los hondureños trabaja en condiciones de informalidad y con ingresos precarios”, concluyó la profesional de economía.LB
