Tegucigalpa – Amenazas a muerte, asesinato de familiares, extorsiones, violencia doméstica, sexual e intrafamiliar, así como el reclutamiento forzado, figuran entre las causas que motivan el desplazamiento forzado de mujeres en el país, según un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
– Del total de quejas presentadas por este sector vulnerable de la sociedad, alrededor de 350 están vinculadas con hechos de violencia que además de la víctima afectaba familiares, amigos que derivaron en una situación de riesgo o desplazamiento para ellas y su familia.
Sólo en 2017, el Conadeh atendió 3 mil 781 quejas presentadas por mujeres de las cuales 1 mil267 están relacionadas con amenazas a muerte, intimidación o coacción y malos tratos.
Del total de quejas presentadas por este sector vulnerable de la sociedad, alrededor de 350 están vinculadas con hechos de violencia que además de la víctima, afectaba familiares y amigos que derivaron en una situación de riesgo o desplazamiento para ellas y su familia.
El hecho de defender a familiares cercanos como los hijos, hermanos, abuelos, entre otros, hizo que se entrara en una dinámica que derivó en persecución y desplazamiento forzado, señala el informe.
Los hallazgos del monitoreo y análisis estadístico del Conadeh apuntan que de los 688 casos de desplazamiento forzado, identificados durante el 2017, el 48.7 % corresponde a mujeres.
Añade, que las mujeres amas de casa mantienen un alto perfil de vulnerabilidad al registrar, el Conadeh, unos 55 casos por riesgos que se asocian al entorno en el que se desenvuelven.
Para el caso, muchas amas de casa, corren riesgos porque residen en comunidades controladas por grupos criminales y, por ser madres que actúan en defensa de la familia, al proteger a sus hijas e hijos u otros familiares, de cualquier amenaza que pueda provocarles daño.
Por esta razón, la afectación directa o indirecta de violencia contra mujeres, se traduce en huir de su lugar de residencia como mecanismo de supervivencia individual y colectiva.
Asimismo, existen otras situaciones basadas en la discriminación y violencia de género que pueden calificarse dentro de un riesgo residual, en comparación con la magnitud de la violencia ejercida por los grupos criminales.
Es también notoria la aparición de casos en el marco de la violencia doméstica e intrafamiliar que orillan a las mujeres a huir de sus lugares de residencia habitual y cuando no encuentran justicia ni protección en el país, se ven obligadas a cruzar la frontera en busca de salvaguardar su vida y la de sus hijos.
Según el Conadeh, “la violencia provocada por el crimen organizado trae consigo secuelas que menoscaban aún más los derechos humanos de las mujeres”.
La violencia focalizada hacia este grupo poblacional aunado a las deficiencias que presentan los entes encargados de la administración de justicia provoca que las mujeres huyan de sus hogares en busca de protección.
Se estima que del 2002 al primer semestre de 2018, han muerto violentamente más de 6 mil mujeres, cuyos crímenes se encuentran, en más del 90 % de los casos, en la impunidad por falta de investigación.
Entre el 2014 y lo que va del 2018, se registró la muerte de, al menos, 2 mil 100 mujeres, cifra que representa un aproximado del 35 % del total de víctimas contabilizadas desde el 2002 y que aumentará sustancialmente de mantenerse la tendencia de muerte de una mujer cada día.
Registros estadísticos establecen que, solo en el 2017, se reportó la muerte violenta de una mujer cada 22 horas y media, siendo los principales escenarios San Pedro Sula y Tegucigalpa donde se reporta alrededor del 64 % de los casos.
La gravedad de estos hechos violatorios, consiste en que muchas mujeres fueron ejecutados con saña, crueldad y odio, en donde utilizaron diferentes armas, además consintieron formas de mutilación, desmembramiento y desfiguración del rostro.
La mayoría de las muertes violentas de mujeres suceden en el contexto de la violencia ejercida por el crimen organizado. Los móviles son atribuidos al ajuste de cuentas, rapto y secuestros, muerte por maras y pandillas, asesinato de familia, extorsión, narcotráfico y venganza.
En otro ámbito, las estadísticas indican que las mujeres, en edades comprendidas entre los 15 a 39 años, representan el grupo de mayor vulnerabilidad.
El desplazamiento forzado interno afecta de manera más significativa a las mujeres, niñas, niños y adolescentes; adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas y afro-hondureños y comunidad LGTBI.
De acuerdo al informe, entre los sectores sociales con altos perfiles de riesgos por ocupación o profesión se encuentran las amas de casa, comerciantes, maestros, estudiantes, agricultores, operarios de maquila, abogados, estilistas, ingenieros, policías, vendedores, periodistas, transportistas y enfermeras.
