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Allanan casa de exlegislador afín a Correa tras fin de protestas en Ecuador

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Quito – La Fiscalía General del Estado allanó la vivienda del exasambleísta Virgilio Hernández, afín al expresidente Rafael Correa, sin detallar las razones de la medida, pocas horas después de que un acuerdo entre el Gobierno y los indígenas terminara con once día de violentas protestas sociales.

«En estos momentos, Fiscalía y Policía allanan la casa del exasambleísta Virgilio H. Se levantan indicios, como dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros elementos», notificó este lunes la Fiscalía.

El hecho ocurrió pocas horas después de la detención esta madrugada de la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón y de otros dos sospechosos identificados como Christian G, y Pablo D., también identificados con el correísmo.

«En los allanamientos, se levantaron indicios como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación», anotó.

Todas estas detenciones de seguidores del correísmo tienen lugar tras anunciarse un acuerdo entre el Gobierno de Ecuador y el movimiento indígena para sustituir el polémico decreto 883 que eliminaba los subsidios a la gasolina y provocó una ola de violentas protestas en el país de once días.

Desde el inicio de los enfrentamientos, el Gobierno ha sostenido la tesis de que Correa y sus seguidores intentaban desestabilizar la democracia en el país, extremo negado por el exgobernante que vive en Bélgica.

El presidente también dijo el domingo que con el acuerdo detuvo «el golpe correísta», en alusión a su excorreligionario y actual acérrimo enemigo.

Por su parte, la prefecta de Pichincha denunció en su cuenta de Twitter que entraron a su casa de madrugada y «derribaron la puerta mientras dormía».

«Me llevan detenida sin pruebas. Ser oposición en una democracia no puede ser delito. No es democracia cuando se persigue a los opositores políticos de esta forma», sentenció.

Hernández ya había salido en defensa de su correligionaria, Pabón, al calificar su detención de «arbitraria».

«Al igual que yo, les habíamos manifestado que no hemos cometido delito alguno y que íbamos a concurrir a investigaciones, pero que nos permitan defendernos constitucionalmente», señaló el exasambleísta.

En días pasados, Pabón y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, intercambiaron mensajes vía Twitter en momentos en que el Ejecutivo achacaba los actos de violencia en las protestas a gente cercana al expresidente.

«Usted y su gobierno, me ha acusado sin pruebas, en el momento que la Fiscalía Ecuador requiera, estaré dispuesta a dar mi versión, no le tengo miedo a su régimen de represión y persecución. El que nada debe nada teme», le dijo a Romo.

Y la ministra le adelantó que «así será», porque «tiene que responderle a Quito, a Pichincha» por la ola de violencia: «La prioridad es recuperar la paz y la normalidad para todos y luego tendremos tiempo para probar el terrible papel que ha jugado creando caos y terror».

Ante los hechos de hoy Correa enumeró en redes sociales los seguidores de su movimiento que han sido arrestados recientemente y denunció una persecución política.

«Yofre Poma, asambleísta; Alexandra Arce, exalcaldesa; Paola Pabón, prefecta Pichincha; detenidos. Gabriela Rivadeneira, asambleísta, asilada. Sus casas allanadas. Todos de la Revolución Ciudadana. Ya aparecerán cuadernos y testigos falsos. …¡Y el que debería estar preso es Moreno!», dijo.

El pasado 9 de octubre un juez ordenó la prisión preventiva contra Poma por su presunta participación en el delito de paralización de un servicio público durante las protestas sociales contra el Gobierno por la elevación del coste de los combustibles.

De su lado, la parlamentaria opositora Rivadeneira fue acogida por la embajada de México en Quito tras pedir asilo político a ese país.

El canciller de Ecuador, José Valencia, dijo el domingo a Efe que la sorpresa del Ejecutivo ecuatoriano a este hecho se debe a que la legisladora «no tiene ningún requerimiento de la Justicia» y goza de inmunidad por su condición de aforada.

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