Tegucigalpa – Develada parte de la información que detalla nombres desde grandes empresas hasta algunas desconocidas y de maletín, el escepticismo ronda en torno a la posibilidad o no de que el brazo de la justicia logre tocar a sectores que tradicionalmente no han sido alcanzados por la diosa Temis.
* Funcionarios públicos, incluido un ex director de IHSS y dos viceministros ya están en la cárcel.
*Tres nuevos requerimientos fiscales se anuncian para las próximas horas. Se desconoce si se involucran a actores privados.
*Históricamente poco se ha hablado de las empresas y sus cabezas en los oscuros negocios dentro de IHSS.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández ha dicho que «caiga quien caiga» se llegará hasta el final en las investigaciones que vinculan a sectores diversos y «de todos los partidos políticos» en el descalabro del IHSS, que según los interventores, es de más de cuatro mil millones de lempiras.
En Honduras las denuncias de corrupción se han vuelto una constante, casos como el millonario desfalco al IHSS, ocupan espacios significativos en los que únicamente funcionarios públicos, siete de los cuales ya están en la cárcel, así como políticos de diversos partidos, tanto dentro de la junta directivade la institución como fuera de ella, y líderes gremiales han sido señalados y han debido responder ante las instancias de rigor donde los procesos están abiertos.
La salida del país, el pasado fin de semana, del ex encargado de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) del Ministerio Público, Roberto Ramírez Aldana, quien pasó a ocupar un cargo diplomático en un organismo internacional debido a amenazas serias contra él y su familia por encabezar las investigaciones del desfalco financiero en el IHSS, han abierto muchos signos de asterisco entre distintos sectores que no terminan de asimilar su partida de Honduras.
Recientemente el Ministerio Público se defendió sobre los señalamientos que los acusan de «lentitud» en los casos de descalabro financiero del Seguro Social.
La Fiscalía refutó las acusaciones y refirió que sus actuaciones se traducen en la presentación de siete requerimientos fiscales y 38 personas con auto de formal procesamiento, siete de éstas, cumpliendo la medida de prisión preventiva en Honduras más otras tres cuya libertad se encuentra restringida en suelo extranjero específicamente en los Estados Unidos, Panamá y Chile.
Las acciones penales se hicieron efectivas por delitos como lavado de activos, fraude, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, cohecho doméstico y transferencias ilícitas de fondos de pensiones.
Incluso el expresidente Porfirio Lobo ha sido citado y ha tenido que brindar su testimonio ante la Fiscalía. Igual lo han hecho dirigentes nacionalistas cuyos nombres han sido mencionados en el caso.
Pero la mano de la justicia aún no parece alcanzar a empresarios que sobrevaloraron equipo, medicinas y otros rubros sanitarios a través de los cuales se bailó el vals de la corrupción en una sinfonía que a la hora de pasar factura no muestra el mismo ritmo.
Sin embargo en las últimas horas se anunciaron tres nuevos requerimientos fiscales para presuntos responsables del descalabro financiero del IHSS, lo que se ignora es que si estas acciones judiciales abarcarán a protagonistas privados.
En Honduras la corrupción es un lastre que ha marcado la vida institucional del país. La transparencia y sus avances han sido intentos débiles que en 2014 mostraron una esperanza cuando Honduras firmó un convenio con la ONG Transparencia Internacional.
Los manejos oscuros en las adquisiciones de medicamentos, la venta de plazas a maestros, fraudes que han involucrado institutos de previsión, malos manejos de las instituciones descentralizadas como la de telefónica, Hondutel o de energética, ENEE, entre otros tantos, vienen desde hace más de tres décadas en la que la impunidad ha acompañado a los responsables, pero en casa uno de estos escabrosos episodios, casi nunca ha asomado el nombre de un protagonista privado o fuera de los instancias oficiales.
Otros delitos como el de un avión Grumman que aterrizó en el internacional aeropuerto de Toncontín a inicios de 2006 y que involucró a un capo de la droga y a un alto cargo del gobierno de ese momento, también dejan más dudas que respuestas.
Por ahora el impúdico fraude al Instituto Hondureño de Seguridad Social, uno de los casos emblemáticos que es investigado por una comisión legislativa, nombrada para conocer la diligencia o no con que sobre el mismo han actuado las autoridades fiscales, deberá rendir su informe y quizá entonces se sepa el destino de los actores privados que han acudido a contar sus propios ángulos de las historias de corrupción en las que fueron participes activos y de las que pareciera buscan deslindarse.
Informes contra involucrados privados en poder del MP y TSC
El actual interventor del IHSS, Germán Leitzelar, le confió a Proceso Digital que en su momento ellos presentaron toda la documentación de las operaciones que se realizaron en ese centro asistencial y que involucró a las empresas proveedoras de medicamentos, insumos y servicios médicos.
«Todo lo que tenía presuntas irregularidades fue trasladado al Ministerio Público para que ellos determinaran las responsabilidades o no de los involucrados», añadió.
Leitzelar apuntó que al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) se enviaron las pruebas que derivan de presuntas responsabilidades civiles, en tanto los expedientes en los que se tipificaban cargas penales fueron trasladados al Ministerio Público.
«Nosotros lo que hicimos fue enviar toda la documentación en nuestro poder y lo que se nos solicitó posteriormente, de allí salieron los requerimientos fiscales, si no han hecho diligencias judiciales contra actores privados, eso lo deberá contestar la Fiscalía», manifestó.
Empresas bajo investigación
Otra de las consultadas por este medio de comunicación, la diputada Doris Gutiérrez, relató que las autoridades de la Fiscalía les confiaron que todos las empresas privadas que proveían de medicamentos al IHSS están bajo investigación.
«El argumento es que si este tipo de actores no están judicializados, no se pueden proporcionar los nombres públicamente», apunto al tiempo que remarcó que «en derecho se maneja el criterio de oportunidad, lo que sucede es que aquí pueden estar usando como testigos protegidos a gente que puede ser actora principal de la corrupción en el Seguro Social».
La congresista dijo que «en lo personal me genera suspicacia todo este proceso, incluso yo lo he estado denunciando a través de los medios de comunicación.
Vamos a cuenta gotas y lo que más lamento es que no nos hayamos entrevistado con el fiscal (Roberto) Ramírez Aldana.
Nos pusieron trabas para acercarnos a él».
Gutiérrez puntualizó que «tenemos una lista de empresas que queremos saber su participación en los actos de corrupción».
Actores privados son protegidos por Fiscalía y CSJ
En tanto, el ex miembro de la Junta Interventora del Ministerio Público, Lino Tomás Mendoza, dijo que el rostro privado de la corrupción en el Seguro Social es protegido por la misma Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.
Mendoza coincidió con el ex fiscal general del Estado, Edmundo Orellana, quien indicó que los casos que están judicialización tienen un apartado de información reservada que no puede ser conocida por nadie, más que por los propios fiscales.
«Si se llega a conocer esta información se puede entorpecer la investigación. La comisión Multipartidaria no es mucho lo que logrará, si acaso informes de carácter general», auguró el ex interventor.
A la consulta del por qué la cara de los corruptores privados aún no asoma en los requerimientos fiscales entablados por el Ministerio Público, Mendoza calificó que «los grandes empresarios conservan sus relaciones con el Estado, entonces los grandes beneficiarios del sector privado los tienen bien protegidos».
CNA dice que Honduras necesita que corruptos vayan a la cárcel
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) es otro de los entes que se ha cansado de pedir al Ministerio Público que acelere las investigaciones de corrupción en el IHSS.
Este organismo cuestiona el por qué los actores privados no asoman sus cabezas.
La coordinadora del CNA, Gabriela Castellanos, previó que faltan muchos requerimientos fiscales en contra de políticos y actores privados. «La población espera y aguarda que las autoridades de la Fiscalía actúe de manera pronta».
«La población necesita saber que las autoridades sientan un precedente contra un alto funcionario, un político si es que lo hubiera o contra un empresario», apostilló.
Castellanos puntualizó que el pueblo hondureño necesita que los corruptos vayan a la cárcel a pagar por sus delitos.
«Sabemos que faltan muchas otras personas, pedimos que presenten más requerimientos fiscales en el caso del Seguro Social que ha sido altamente impactante para la sociedad hondureña», finalizó.
