En una reunión con representantes del Bloque Popular, que integran al menos 30 organizaciones entre las que se encuentran gremios profesionales, sindicatos y patronatos en todo el país, Álvarez aseguró que la Corporación Municipal que él dirige se opone a la privatización del servicio.
“La posición de las actuales autoridades municipales es que el servicio no se privatizará”, reiteró Álvarez a los dirigentes populares que temen que el anunciado proceso de municipalización de este servicio sea el primer paso para su traspaso al sector privado.
El jefe de la comuna también aseguró que una vez sea concretado el traspaso a la municipalidad “no habrá despido de los empleados que actualmente laboran para ese ente”.
Dijo que cuando se concrete el traspaso “la Corporación actuará en función de lo que contempla la ley y por ello se ha nombrado a un técnico de alta capacidad y conocimiento para que la alcaldía cumpla al cien por ciento lo que la ley exige”.
Explicó que la visión de la actual administración edilicia no contempla la privatización, ni la concesión del servicio y más bien el propósito es involucrar a la ciudadanía para que forme parte de las instancias que van a tomar las decisiones.
Adelantó que la intención es buscar un operador que tenga los conocimientos, que no será el dueño, pero que ayudará a implementar el modelo que se necesita para que haya agua potable en aquellos lugares donde actualmente no hay y contar con el financiamiento internacional.
El alcalde de Tegucigalpa consideró que para garantizar que los servicios públicos vitales, como el agua, no sean privatizados en ninguna parte del país, el Congreso Nacional debería reformar la Constitución de la República, en función de que se prohíba la privatización de esos servicios
