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Alarmante aumento en tarifas de servicios públicos y canasta básica

Tegucigalpa – Una resbaladiza escalada de precios en productos y servicios está ocurriendo en la economía, afectada por la incertidumbre del incremento al salario mínimo, el paquetazo fiscal y un futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
 

* Aún falta los efectos del «paquetazo» aprobado por los diputados

* Recibos de servicios públicos vienen altos cada mes

* Políticos, empresarios y gobierno todavía están enfrascados en la crisis del 2009, mientras familias son olvidadas


Las empresas comenzaron anticipadamente a realizar los ajustes de los precios de los bienes vitales de consumo masivo, sin que exista una garantía de que serán los últimos y no habrá necesidad de más incrementos.

Además, de las alzas a los productos, se ha notado un ensanchamiento de pago en los recibos de los servicios como agua potable, energía eléctrica e incluso telecomunicaciones, sin que se conozca de alzas oficiales en las tarifas.

Únicamente se sabe de incrementos en el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), donde los ajustes han estado a la orden del día.

Pero la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, (ENEE), también ha cargado los recibos del servicio eléctrico. No hay reportes de alzas oficiales, pero si anuncios de los funcionarios que los aumentos se deberán dar por el incremento del precio del bunker, materia prima con el que se genera más del 60 por ciento de la electricidad en Honduras.

Carlos Kattan, de la Comisión Nacional de Energía (CNE), adelantó que se deberá ajustar el precio en un 5 por ciento, además de propugnar por reducir el subsidio que reciben las familias de escasos recursos.

Más allá de ello, los recibos de la ENEE en su tarifa doméstica presentan incrementos hasta de un 40 por ciento según denuncian usuarios en colonias capitalinas como Miraflores, Cerro Grande o el barrio Villadela.

Más cargas

Pero el panorama no está por aclararse, sino que se observa más oscuro para las familias en los próximos meses.

Con la entrada en vigencia a mediados de mayo del «paquetazo» fiscal aprobado por los diputados en marzo pasado, se espera otra escalada de precios.

Los empresarios adelantaron que la eliminación de la ventaja fiscal del no pago del 12 por ciento de impuesto sobre ventas en la importación de materias primas impactará en los precios.

Mario Bustillo, director de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), vaticinó que los precios de los productos sufrirán alzas y que ello impactará en la inflación.

Bustillo dijo que las empresas no podrán absorber los nuevos costos, algo aceptado implícitamente por las autoridades económicas que dijeron que la inflación será mayor el 2010 en relación al año pasado.

Asimismo, los empresarios descargarán en los precios el pago del 12 por ciento del impuesto de ventas al consumo superior a los 750 kilovatios de energía eléctrica.

También habrá cargos por las llamadas internacionales, servicio esencial para las compañías, ya que muchas tienen que realizar negocios con el exterior.

Sin atención

Mientras los incrementos de precios acechan a las familias consumidoras, no se observa un plan gubernamental para atender el asunto.

Los llamados para que se «congelen» los precios son recibidos con frialdad e indiferencia por el gobierno, que en el mejor de los casos dice no tener atribuciones y que esa es competencia del Congreso Nacional.

En el Congreso Nacional no hay respuestas a estas solicitudes.

La coordinadora del gabinete económico y ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén, no ha expresado ningún plan de acción en la materia.

De hecho su trabajo como jefe del equipo económico se redujo a defender el «paquetazo» en forma breve y recibir a una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI).

De hecho el gobierno está más centrado en trabajar en sus relaciones internacionales, especialmente en el reconocimiento por parte de países que ya fijaron su posición de no aceptar la soberanía del pueblo hondureño que en las pasadas elecciones votó por el entonces candidato presidencial Porfirio Lobo Sosa, con el deseo que el nacionalista comenzará a enfocarse en los problemas nacionales como crisis económica y de seguridad interna.

Pero mientras el gobernante Lobo hace esfuerzos por abrir las puertas externas, en la agenda local sus colaboradores distraen su quehacer sin centrarse en las urgencias de las mayorías, en una nación con índices de pobreza que afectan a más de 70 por ciento de la población.

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