Tegucigalpa – Aunque el descalabro financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se destapó a inicios de 2014, es hasta este martes 21 de julio de 2015 que arranca el primer juicio oral y público contra uno de los 53 imputados en esos escandalosos actos de corrupción.
– Si es condenado solamente por este caso a las penas máximas, Bertetti podría enfrentar cárcel hasta por 25 años.
– 16 personas permanecen prófugas de la justicia por delitos en contra del Seguro Social.
– Media docena de requerimientos se han presentado por la corrupción en el IHSS. La Fiscalía ha reiterado que falta un poco más de la mitad de acciones judiciales por estas causas.

El juicio oral y público se desarrollará en la Sala III del Tribunal de Sentencia a las 9:00 de la mañana, siendo el acusado Bertetti Osorio, a quien se le acusa por los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración del Estado de Honduras.
El debate de este sonado caso de corrupción en el IHSS fue programado por la autoridad judicial para los días 21, 24 y 28 de julio del presente año.
La Fiscalía hondureña sustentará en este juicio los diferentes medios de prueba ya propuestos, con los cuales se acreditará la participación del ex funcionario público en los hechos delictivos que de manera objetiva y contundente le imputa la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF).
Relación de los hechos

Una vez publicado el mismo en el diario oficial La Gaceta el 7 de junio del mismo año el señor Bertetti Osorio procedió a realizar los trámites administrativos para hacer efectiva la compra de las ambulancias a la Empresa Tecnología Médica Avanzada S de R L de CV (TECMA), gerenciada por su propietario Raúl Alvarado, quien ofertó el precio de 1.3 millones de lempiras por unidad haciendo un total en la compra de las diez ambulancias de 13 millones de lempiras.
De acuerdo a las investigaciones, José Bertetti, una vez enterado sobre el precio ofertado en la compra de las mismas se puso en contacto con el gerente de TECMA para manifestarle que el doctor Mario Zelaya había dispuesto que se subiera 78 mil lempiras al precio de compra de cada unidad, por lo que el nuevo precio por unidad sería de 1 millón 378 mil lempiras dejándole establecido al gerente Alvarado que no se preocupara por lo elevado de los precios ya que como gerente administrativo y financiero él tenía controlado el proceso interno de la adjudicación y que esta oferta sería la de menor valor en relación a las demás ofertas.
Fue así que el señor Bertetti en su condición de gerente administrativo y financiero del IHSS recibió en concepto de dadivas por parte del gerente propietario de TECMA por un monto de cuatro millones 644 mil 953 lempiras.

Las investigaciones realizadas por la autoridad competente determinaron que las ambulancias compradas por el Seguro Social no eran de fábrica ya que su montaje era realizado en Honduras, contrario a lo que la empresa TECMA había ofertado en el proceso, también se logró determinar que las ambulancias que adquirió el IHSS en el comercio tenían un precio actual de 31 mil dólares que en moneda nacional su precio era de 644 mil 486 lempiras con 90 centavos por unidad cuyo valor total en las diez unidades era de 6 millones 444 mil 869 lempiras.
Por la sobrevaloración de estas 10 ambulancias “hechizas”, que fueron adquiridas mediante compra de emergencia y sin licitación pública, la pena posible a imponer a José Ramón Bertetti Osorio es de 6 a 12 años de cárcel por malversación de caudales públicos, de 5 a 7 años por cohecho y de 3 a 6 años por negociones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas.
Total de los requerimientos en caso IHSS
A la fecha, la Fiscalía ha acusado a 53 personas por el desfalco del IHSS, a la mayoría de ellos se les decretó auto de formal procesamiento y se les impuso prisión preventiva, no obstante 16 no han sido capturados por la autoridad policial.
El caso número 1 tiene que ver con la compra de pasajes aéreos para impulsar en EEUU el Programa de Filiación del Migrante en el Extranjero. Se estima una cantidad malversada de 1.2 millones de lempiras.
El imputado directo es Mario Zelaya por los presuntos delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, sin embargo la Corte de Apelaciones lo sobreseyó por este último ilícito. Como coimputado se acusa a José Ramón Bertetti.
El caso número 2 es por el cobro de coimas a una empresa para agilizar pagos por parte del Seguro Social. Se habla de una cantidad aproximada de 50 millones de lempiras.
Los delitos imputados ante el juez con jurisdicción nacional son cohecho pasivo impropio y lavado de activos. Como coimputados se señalan a Javier Pastor y Carlos Montes.
El caso número 3 es la que se refiere a la transferencia de recursos económicos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al Régimen de Maternidad. La cantidad en mención son 972.40 millones de lempiras.
Los ilícitos señalados por el Ministerio Público ante juez natural son abuso de autoridad y delitos contra la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones. Los coimputados son 12 ex miembros de la junta directiva, así como Mario Zelaya y Ramón Bertetti.
El caso número 4 se refiere a las empresas fantasmas para retirar recursos del IHSS. Se estima que estos montos oscilan alrededor de 330 millones de lempiras.
Los presuntos delitos establecidos en el requerimiento son por abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, fraude y lavado de activos. Además de Mario Zelaya, como coimputado directo figura José Ramón Bertetti; en tanto los indirectos son: Ilsa Vanesa Molina Aguirre, Gabriela María Laínez Reina y Michelle Alejandra Rojas, ésta última esposa del ex jefe de compras del IHSS, José Zelaya.
El caso número 5 tiene relación a la compra fraudulenta de ambulancias, que es el caso por el que acude este martes a juicio oral y público.
Las acusaciones son por cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración del Estado de Honduras.
Y finalmente el caso número 6 tiene que ver con la sobrevaloración de equipo que la empresa Distribuidora Mercantil S.A. (Dimesa) proveía al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
En este renglón hay cinco implicados: el empresario Shukry Kafie, Juan Alberto Madrid Casaca, Edgardo Quiroz Moreno, Mario Zelaya y José Ramón Bertetti.
Permanecen prófugos de la justicia en este mismo caso: Hugo Alberto Mejía López, Donald Velásquez Oviedo, René Israel Medina y Lisandro René Ponce.